Santo Domingo (República Dominicana).- La jueza Stephanie Santiago Reyes, del tribunal, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dispuso prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de una mujer imputada de cometer abuso físico y psicológico contra su hijo menor de edad, en hechos que cometió durante una transmisión en vivo por redes sociales.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación al artículo 396 (letras A y B) y el 397 de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas, y Adolescentes, así como los artículos 392 y 309-3 (letra E) de la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.
EL órgano persecutor puso a su disposición, incluyendo los audiovisuales en los que se observa la agresión que la imputada ejerce, repetidas veces, contra la víctima menor de edad, la jueza Santiago Reyes, reprochó el hecho que dejó en evidencia la severidad con que la agresora trató a su hijo, con apenas 1 año y 5 meses de edad, mientras intenta justificarlo, acusando a la propia víctima de provocarla.
El tribunal subrayó que hechos de esta naturaleza deben mover al sistema de justicia a prestar atención y sancionarlo, porque de no hacerlo, la sociedad puede entender, de forma errada, que son actuaciones correctas.
La investigación está a cargo de la fiscalizadora Danioska García, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de la Fiscalía. Los videos aportados al juzgador muestran cómo se ejerce un uso distorsionado, desmedido y abusivo de la fuerza y el control contra la víctima. La exposición pública de este escenario violento se hizo a través de una transmisión en vivo por redes sociales, generando un impacto emocional colectivo.
La Fiscalía de Santiago, consciente del trauma social que la agresión física y psicológica cometida causó, también, en el público que tuvo acceso al hecho, advierte que la violencia no debe ser normalizada, sobre todo, cuando su exposición trasciende al espacio público.
Durante la medida de coerción, representando a la Fiscalía de Santiago, la fiscal litigante Heidys de León subrayó que, como la agresión física, la verbal también genera daños psicológicos que requieren de mucho tiempo de terapia para revertir sus efectos devastadores sobre la salud emocional y psicológica, por lo que la víctima menor de edad ha sido sometida a evaluaciones constantes.
El tribunal ordenó que la imputada cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres en Santiago.
La víctima se encuentra bajo protección de las autoridades, indica un comunicado de prensa a través del cual se ofreció la información.
