San Juan (Puerto Rico).- Por tercer día consecutivo, miles de inmigrantes que viven de manera irregular en Puerto Rico no acudieron este miércoles a sus labores por temor a ser detenidos en los operativos que inició este pasado domingo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Puerto Rico.
En numerosos negocios se ha podido confirmar la ausencia de empleados, muchos de ellos inmigrantes, quienes han preferido mantenerse «fuera del alcance» de los operativos, según ha podido corroborar el periódico digital Precisión (precision.com.do).
En un recorrido realizado por Barrio Obrero, Puerto Nuevo, Villa Palmeras, Hato Rey, Río Piedras y otros sectores del área metropolitana de San Juan, se notaba la ausencia de extranjeros que acuden regularmente a esas zonas para realizar distintas labores, y muchos establecimientos de comida han comenzado a sentir la disminución en sus ventas.
Miles de extranjeros, la mayoría de origen dominicano, viven en Puerto Rico, muchos sin estatus migratorio regular.
Ante la «embestida» contra la migración ilegal hacia EEUU, ordenada por el presidente Donald Trump, desde que fue juramentado, y después de las intervenciones realizadas el domingo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otras agencias federales, la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) y varias organizaciones comunitarias y de derechos humanos, se reunieron para analizar acciones urgentes para proteger a la comunidad migrante en la isla.
En se sentido, acordaron presentar un proyecto en la legislatura actual, ofrecer talleres sobre derechos migratorios y servicios legales.
Mientras tanto, Rebecca González Ramos, agente especial a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan, recomendó a las personas que residen legalmente en la isla que mantengan consigo, en todo momento, los documentos que demuestren su estatus, en caso de que se encuentren en medio de una intervención.
González Ramos destacó que en la dependencia que dirige están enfocados en identificar a individuos que están cometiendo delitos y no tienen estatus migratorio, y reiteró que en los operativos del domingo acudieron con órdenes de deportación contra las personas arrestadas.
Dijo que los operativos también se efectuaron en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, en el área donde opera el ferry que viaja entre Puerto Rico y la República Dominicana.
En varias entrevista radiales este miércoles la funcionaria federal precisó que los agentes del HSI y al ICE pueden intervenir con cualquier persona y preguntarle cuál es su estatus migratorio.
Asimismo, la agente especial a cargo del HSI en Puerto Rico negó que los oficiales federales estén indagando en escuelas, iglesias o centros de cuidado de adultos mayores, la nacionalidad de personas, aunque aseveró que pueden entrar a donde sea para establecer el tipo de operaciones.
González Ramos manifestó que no es misión de los agentes federales entrar a ninguna iglesia, escuela o centro de cuidado de adultos mayores, y adelantó que trabajarán con el gobierno puertorriqueño para evitar tener que llevar a cabo un operativo en alguna de esas localidades, aunque expresó que utilizarían la discreción en caso de intervenir con inmigrantes en algunos de esos lugares.
Poco después de asumir la presidencia de EEUU, Trump dispuso el cierre de la aplicación CBP One. Se trataba de un programa puesto en marcha en el 2023 por la administración de Joe Biden, que le permitía a miles de migrantes programas citas con las autoridades migratorias en la frontera y solicitar asilo en el país.
Otra de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump busca dar ponerle fin al derecho de nacionalidad para los que nazcan en territorio estadounidense, y cuyos padres sean personas inmigrantes sin estatus legal o ciudadanía norteamericana.
«Entre las categorías de personas nacidas en Estados Unidos y no sujetas a su jurisdicción, el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se extiende automáticamente a las personas nacidas en Estados Unidos», señala orden firmada por el mandatario.
Sin embargo, un juez federal emitió un bloqueo temporal, por 14 días, en la entrada en funciones de la orden, creando un margen para decidir si ordena una medida cautelar de mayor duración.
