Santo Domingo (República Dominicana).- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) anunció el inicio de una campaña ciudadana a nivel nacional, en procura de concientizar a la población para que participe de manera activa en los procesos de recuperación de los bienes públicos.
Dijo que esto, como resultado de los escándalos que se han conocido en los medios de comunicación, producto de la «inversiones millonarias, irracionales y desproporcionadas que están realizando muchos funcionarios públicos, en alquileres de locales y equipos, en franca violación a lo establecido en el literal (d) del numeral 2, del artículo 128 de la Constitución. Así como también, vulneración a los principios de eficiencia, eficacia, planificación y economía establecidos en los artículos 138 y 238 de la Ley Sustantiva».
Justicia y Transparencia expresó que la población debe ocuparse y preocuparse, y estar vigilante por la forma en que muchos funcionarios públicos están derrochando miles de millones de pesos en contratos de alquileres que abarcan varios períodos de gobierno.
«Todo esto ocurre en momentos en que desde el gobierno solicitan más sacrificios al pueblo, en términos de impuestos. Es increíble e inaudito, observar las sumas astronómicas que algunos funcionarios gastan en alquileres, montos que bien deberían ser utilizados para la compra de los referidos inmuebles», indicó.
Máximo Calzado Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Justicia y Transparencia, pidió a los ciudadanos dominicanos hacer acopio de lo establecido en el artículo 75.12 de la Constitución, que postula el deber fundamental de: «Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública». Igualmente, ejercer el derecho fundamental a participar en la fiscalización y control de los fondos públicos, según lo establece el artículo 246 de la Norma Suprema.
La organización cívica, manifestó que en atención del deber y el derecho fundamental a velar por el patrimonio público, perseguirá judicialmente la anulación de los contratos alquileres de locales y equipos que involucra decenas de miles de millones de pesos, y citó el caso de, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Dirección General de Pasaportes, Ministerio de Industria y Comercio, Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), INTRANT, las EDES, entre otras. Lo que aparenta ser solo la punta del Iceberg.
«Es increíble que en el caso de la OGTIC, el alquiler de cinco pisos cueste RD$1.400 millones, una suma casi igual al costo del edificio completo de 16 pisos que fue de RD$1.400.406.577.798.14 en fecha 11 de abril del 2022. De igual manera, en el caso de las ambulancias, el presidente Luis Abinader en julio del año 2022, entregó 30 ambulancias de servicio vital básico, al Servicio Nacional de Salud (SNS) para manejo de las Emergencias Extrahospitalarias, con una inversión de unos 160 millones de pesos, para un costo aproximado de RDS6.000.000.00 millones de pesos, cada ambulancia, de manera que si compramos 143 ambulancia estaríamos pagando aproximadamente RD$800 millones de pesos, esto significa que aun si se compraran, resultaría más económico que alquilándolas», agregó.
La entidad cívica adelantó que continuará encaminando acciones administrativas y jurisdiccionales, con la finalidad de que sean anulados todos los contratos de alquileres de locales, compras de equipos y licitaciones que violenten la Constitución, las leyes y sean lesivo para los intereses del pueblo dominicano, todo esto en procura de recuperar los bienes públicos.
La FJT hizo un llamado a los legisladores, para que cumplan con las funciones de fiscalización y control de los fondos públicos establecidas en los artículos 93.2 y 246 de la Ley Sustantiva.
Dijo que en este último se describe que: «El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes».
