Redacción (RT.com).- La relación entre el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su par estadounidense, Joe Biden, alcanzó uno de sus puntos de mayor tensión a partir de dos filtraciones de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a medios de comunicación.
Las filtraciones son investigaciones en las cuales, con base en testimonios, se apunta que gente que trabajó en las campañas electorales del político tabasqueño recibió aportaciones de integrantes del Cártel de Sinaloa en 2006 y 2018.
Desde el Palacio Nacional se acusa que las filtraciones de estas investigaciones que, hay que destacar, no procedieron en EE.UU., son parte de una «guerra sucia» que tiene el objetivo de socavar la autoridad política del presidente.
El Gobierno de Biden, por su parte, se mantiene en la ambigüedad, porque mientras sentencia que «no tiene nada que ver» con las filtraciones de la DEA, tampoco sanciona las acciones de la polémica agencia.
Alertas desde el oficialismo
El pasado 22 de febrero, el mandatario mexicano sentenció que las filtraciones de la agencia estadounidense formaban parte de lo que calificó como un «golpe blando» en contra de su Administración: una estrategia que se despliega ya no a través de la fuerza ni utilizando a militares, sino por medios más sutiles.
En esa línea, explicó el mecanismo: «Van creando condiciones de rechazo de la población hacia el Gobierno que no les conviene. Y luego, ya sea utilizando al Poder Judicial o al Poder Legislativo, o utilizando incluso a poderes extranjeros, destituyen a la autoridad de un país».
El Gobierno de Biden, por su parte, se mantiene en la ambigüedad, porque mientras sentencia que «no tiene nada que ver» con las filtraciones de la DEA, tampoco sanciona las acciones de la polémica agencia.
López Obrador señaló que se ha articulado una especie de «internacional del conservadurismo», cuyo objetivo es detener el proceso de cambio encabezado por su Gobierno.
Fue la primera vez que López Obrador utilizó el concepto de golpe blando, si bien integrantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya habían venido alertando de una estrategia dirigida a desgastar a la denominada ‘Cuarta Transformación’.
Rafael Barajas Durán, presidente del Instituto Nacional de Formación Política del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), advirtió, desde que López Obrador comenzó su mandato, los peligros derivados de las campañas mediáticas en su contra.
De tener éxito el golpe blando, según Barajas Durán, López Obrador podría correr la misma suerte que la expresidenta Dilma Rousseff (Brasil), cuya Administración sufrió un desgaste tal –a partir de una guerra sucia en medios de comunicación– que culminó en su destitución desde el Congreso.
A diferencia de otros líderes latinoamericanos, sin el embargo, y con todo y campañas mediáticas en contra, López Obrador ha conseguido mantenerse a flote con un alto nivel de popularidad.
A finales de febrero de este año, la empresa Morning Consult lo colocó como el segundo líder mundial con mayor nivel de aprobación con un 65 %, solo por debajo del primer ministro de la India, Narendra Modi, que registra un 78 %.
En el plano nacional, la popularidad de López Obrador tampoco se ha visto socavada. Recientemente, el diario El Financiero dio a conocer una encuesta en donde su nivel de aprobación incluso aumentó dos puntos porcentuales con respecto al mes anterior.
Un ajuste de cuentas
La relación entre el Gobierno de López Obrador y la agencia federal estadounidense se tensó a partir del caso de Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la Administración de Enrique Peña Nieto.
Fue a mediados de octubre de 2020 cuando Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de proteger a cambio de sobornos al cártel del H-2, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.
Tan pronto se supo de la detención, la DEA dio a conocer que se encontraba a cargo de una investigación que involucraba al oficial mexicano por sus presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.
El Gobierno mexicano, por su parte, manifestó que no había sido informado sobre el asunto, a pesar de que existían esquemas de cooperación bilateral en materia de seguridad con su vecino del Norte.
En EE.UU. la investigación no transcendió porque, según las memorias del procurador general, William P. Barr, el asunto «no valía la pena»: se corría el riesgo de echar por la borda la relación diplomática.
Cienfuegos fue trasladado a México y, al cabo de unas semanas, la Fiscalía General de la República terminó desechando la investigación de la DEA por no haber encontrado elementos que probaran las acusaciones.
Fue entonces cuando López Obrador acusó a la agencia norteamericana de haber «fabricado» el caso y, semanas después, envió una iniciativa de reforma al Congreso para regular la presencia de agentes extranjeros en México.
La reforma eliminó la inmunidad diplomática de los agentes extranjeros para que, en caso de asumir funciones que estuvieran reservadas a las autoridades mexicanas, pudieran recibir sanciones.
Los cambios a la Ley de Seguridad Nacional estipulaban, además, la obligación de los agentes extranjeros de presentar informes de forma periódica sobre sus actividades al Gobierno mexicano.
Marcelo Ebrard, quien se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores hasta junio del año pasado, declaró hace unos días que las falsas filtraciones de la DEA son parte de una «venganza» en respuesta a esa regulación.
De tener éxito el golpe blando, según Barajas Durán, López Obrador podría correr la misma suerte que la expresidenta Dilma Rousseff (Brasil), cuya Administración sufrió un desgaste tal –a partir de una guerra sucia en medios de comunicación– que culminó en su destitución desde el Congreso.
«Está muy mal que la DEA haga eso, pero no me sorprende (…) no son ataques al licenciado López Obrador, sino que es un intento reiterado por someter e intimidar a México«, sentenció.
En cuanto al caso Cienfuegos, según Ebrard, fue un intento de la DEA para poner en entredicho la autoridad de las Fuerzas Armadas. Un amago que derivó en un «ridículo» porque los señalamientos contenidos en la investigación carecían de fundamento.
Bajo esa misma narrativa se ha inscrito el presidente mexicano, quien el 7 de mazo pasado recordó cómo, a partir de unas llamadas grabadas por la agencia, fue que se comenzó a sospechar que los militares participaron en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Desprestigio de cara a la sucesión
La DEA, cuya sede se localiza en el estado de Virginia, según Ebrard, pretende descarrillar al oficialismo en el proceso electoral de este año, cuya candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, registra una amplia ventaja en todas las encuestas.
«El propósito es electoral (…) ¿Por qué aparecen ahora en pleno proceso electoral mexicano? Evidentemente porque quieren influir en la elección, no puede haber otra explicación, no la hay», sostuvo.
A partir de las filtraciones de la agencia estadounidense, primero a ProPublica y, luego al The New York Times, así como la publicación de reportajes en ambos medios, se hizo viral la etiqueta #NarcoPresidente en redes sociales.
En ambos reportajes se daba cuenta de que, según testimonios recabados por la DEA, gente que participaba en el equipo de las campañas electorales de López Obrador, tanto en 2006, como en 2018, había recibido dinero del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, cabe destacar que las investigaciones filtradas por la agencia estadounidense finalmente quedaron suspendidas y, en ninguna de ellas se lograron probar los señalamientos ni el involucramiento directo de López Obrador.
Con todo, el revuelo mediático alcanzó incluso a Claudia Sheinbaum. La etiqueta #NarcoCandidata también se difundió en escala masiva en redes sociales, dejando entrever que, las acusaciones contra López Obrador eran extensivas a la abanderada presidencial de Morena y sus aliados.
La relación entre México y EE.UU. alcanzó uno de sus momentos más tensos. A tal punto, que López Obrador incluso barajaba la posibilidad de cancelar su participación en una reunión en materia de seguridad con funcionarios de la Administración de Joe Biden.
La DEA es considerada como un instrumento de presión que no deja de insistir con que la estrategia del Gobierno mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico resulta insuficiente.
Es necesario que «haga más», dijo en febrero del año pasado, Anne Milgram, titular de la agencia, en medio de un aumento de muertes por sobredosis de fentanilo a lo largo y ancho de EE.UU.
La DEA es considerada como un instrumento de presión que no deja de insistir con que la estrategia del Gobierno mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico resulta insuficiente.
Esta droga sintética fue catalogada por Milgram como «la mayor amenaza» para la salud pública y, en este contexto, señaló a grupos del crimen organizado de origen mexicano, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, como principales fuentes de abasto.
Entre tanto, desde el Palacio Nacional las filtraciones de la DEA son calificadas como un acto de injerencia, toda vez que, al alentar una campaña de desprestigio en medios de comunicación, se busca incidir en la sucesión presidencial.
El de la DEA es el más reciente, pero no ha sido el único caso en el que López Obrador se ha quejado de que agencias y fundaciones privadas estadounidenses se han inmiscuido en los asuntos de México.
La Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), también han sido señaladas por el presidente no solo de entrometerse en la política interna, sino incluso de operar como aliados de sus adversarios.
Hay que recordar que cuando López Obrador envió, en mayo de 2021, una nota diplomática solicitando una explicación al Gobierno de Joe Biden sobre el financiamiento de la USAID a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C., nunca obtuvo una respuesta.
En el caso de la DEA, el mandatario encaró a la asesora del presidente Joe Biden en asuntos de seguridad en su visita más reciente a México, Elizabeth Sherwood-Randall, a quien pidió una explicación sobre la manera de proceder de la agencia.
De acuerdo con la versión de la Cancillería de la nación latinoamericana, la funcionaria respondió que el Gobierno de Biden «no tenía nada que ver» con las filtraciones y que la investigación sobre la campaña presidencial de 2006 era un «tema cerrado».
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