Santo Domingo (República Dominicana).-El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dispuso la libertad bajo fianza del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, quien guardaba prisión por supuesta corrupción en el marco de la operación Calamar.
Deberá pagar una fianza de 4.5 millones de pesos y no podrá salir del país.
Tras la decisión, su equipo legal consideró que no es suficiente la decisión del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional y que su defendido también debe ser excluido del expediente «por no haber cometido crimen o delito alguno».
Peralta «ha llevado una vida pulcra en su accionar, tanto en lo público como en lo privado, “o cual ha sido corroborado públicamente por personalidades de incidencia en la vida nacional”, afirmó.
Los abogados que conforman el equipo legal de Peralta Fernández lo integran Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez, Emery Rodríguez y Chanel Liranzo.
“No basta con el hecho de que ahora se haya variado la medida de coerción disponiendo en cese de la prisión preventiva, sino que lo que corresponde es el cierre definitivo del expediente”, añadieron los abogados.
En declaraciones para la prensa, los letrados afirmaron que el exministro Administrativo de la Presidencia ha sido desde el primer día un preso sin causa y al margen de la ley, en virtud de que conforme a la legislación dominicana para una persona ser reducida a prisión es imprescindible la existencia de una apariencia de delito y de la participación de la persona en la comisión del mismo.
Peralta es uno de los veinte imputados en el supuesto entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Calamar, caso por el que también estuvo en prisión el exministro de Hacienda Donald Guerrero.
El Ministerio Público le imputa a Guerreros encabezar la supuesta red desmantelada con la Operación Calamar que, según la acusación , utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.
En el proceso se ha establecido que, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, los imputados diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos, de acuerdo con el Ministerio Público.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
Según el Ministerio Público, la red sustrajo más de 17,000 millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19,000 millones.
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