Santo Domingo (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un ex empleado de la Junta Central Electoral (JCE) acusado de robar equipos informáticos de esa institución.
El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró impuso la medida de coerción a Aneudy Alexander Ferrand Abreu, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La Procuraduría ante la JCE, la Fiscalía del Distrito Nacional y el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, solicitaron la prisión preventiva contra Ferrand Abreu, quien sustrajo varios equipos de la oficina de la JCE ubicada en la avenida Correa y Cidrón esquina Italia, del sector Honduras.
La instancia de solicitud del Ministerio Público (MP) señala que el 22 de mayo pasado, el imputado se presentó a una tienda de equipos electrónicos de Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, donde vendió al propietario del establecimiento 22 mini CPU, o procesadores de computadoras, de la marca Hp Pro Desk 400 G4, con los seriales y códigos de la entidad responsable de los procesos electorales y del registro civil.
Agrega que el 15 de julio, en horas de la madrugada, Ferrand Abreu entró a otro de los locales del órgano electoral, ubicado en Las Colinas, sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, donde se almacenan equipos de alto costo, y una vez en el lugar le manifestó al guardia de la seguridad que se reuniría allí con otros empleados que se dirigían a Jimaní, para dar un soporte técnico, y a los pocos minutos salió del lugar con una mochila conteniendo varios mini CPU, entre otros dispositivos, los cuales introdujo en su vehículo, hecho que fue captado por las cámaras de seguridad.
“En fecha 19 de julio del año 2021, el imputado Aneudy Alexander Ferrand Abreu contactó al subencargado de Investigaciones ante la Junta Central Electoral con la finalidad de supuestamente entregar equipos que este había sustraído, siendo detenido en virtud de una orden de arresto que se había emitido en su contra”, indicó la Procuraduría.
Precisó que al momento del arresto conducía un vehículo en el que se le ocuparon 22 mini CPU, con sus cargadores.
Durante la solicitud de medida de coerción el MP estuvo representado por la fiscal litigante Esther González Peguero, representante del Ministerio Público ante la JCE, quien sustentó la solicitud de prisión preventiva en diferentes evidencias testimoniales, documentales y materiales, así como imágenes fotográficas.
El Ministerio Público le atribuye a estos hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 379 y 386-3 del Código Penal, así como el artículo 3, literales A y B, de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Comentarios sobre post