«No vive el que no vive seguro», aseguraba el escritor Francisco de Quevedo, ¡un gran acierto! Como es bien sabido la población dominicana carece de seguridad en todos los sentidos: educación, trabajo, salud, cultura, participación y recreación. Muchas son las demandas y necesidades básicas insatisfechas.
En esta línea se hará énfasis en la carencia de puentes peatonales, estructuras esenciales para prevenir riesgo en la movilización de las personas, entre ellos sufrir o ser víctimas de accidentes de tránsito, porque es nuestro mayor compromiso preservar en la nación, también la vida humana.
Ante lo señalado precedentemente, es oportuno destacar que desde la Avenida Privada por la Avenida 27 de Febrero hasta la Plaza de la Bandera, solo hay un puente peatonal, ubicado específicamente frente al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), y que las personas temen utilizar por miedo a convertirse en víctimas de atracos, robos, daño a su integridad física…, ante la creciente inseguridad ciudadana.
En esa misma Avenida 27 de Febrero cómo podría usted identificar, se necesita más pasarela. Por ejemplo, es urgente la construcción de uno frente al Ministerio de Defensa, donde cada día las personas ponen en riesgo sus vidas al cruzar de un lado a otro en esa amplia calle. Teniendo que esperar hasta 20 minutos para hacerlo, cuando se es prudente, pero, echarse a esa calle es un enorme riesgo para la salud física. !Empleados públicos transeúntes, están con el grito al cielo!
Lo mismo ocurre en innúmeras intersecciones del Distrito Nacional y provincias del país, y aunque desconocemos los parámetros y distancia para la colocación de puentes peatonales en nuestro país, lo que sí hemos identificado es la necesidad existente.
Por lo que, aprovechando que nos hemos hecho eco a través de los medios de comunicación de masa, de que, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), realiza estudios profundos a todos los puentes del país, en procura de restaurar y construir otros, sugerimos que, junto a los gobiernos locales, y otras instituciones aliadas, prioricen la construcción de nuevas pasarelas en puntos de gran flujo de pasajeros, que cada día arriesgan su existencia al cruzar las vías del país. ¡Es necesario!
La vida, como sabemos, es un derecho inviolable desde la concepción hasta la muerte, así lo consagra nuestra Carta Magna. Como es bien sabido, los puentes peatonales forman parte de los servicios públicos, previstos en el artículo 147 de nuestra Constitución, y tienen como finalidad satisfacer las necesidades de interés colectivo…, en consecuencia, el Estado, que es el regulador, debe garantizar su acceso con calidad, y aun cuando sean prestados por él mismo o por particulares, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria.
«La noción de servicio público está asociada a la actividad prestacional que, por obligación constitucional o legal, desarrolla el Estado, de forma directa o con la participación del sector privado, con el objetivo de satisfacer derechos, necesidades y requerimientos de las personas, con fundamento en el principio de igualdad», asegura Gregorio Montero, experto en Administración y Políticas Públicas, pasado Viceministro de Función Pública, y presidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.
No olvidemos que esos servicios públicos forman parte también de los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que solo con acciones oportunas podrán alcanzarse. Los puentes peatonales forman parte de los derechos colectivos y difusos que deben ser garantizados a la población. Son derechos sociales, para el bien común; pertenecen a todos, pero nadie tiene el monopolio para tutelarlos. Su protección propicia, además, el desarrollo humano.
«Hoy día, con la prestación de los servicios públicos no solo se procura resolver problemas inmediatos de la colectividad, sino, también el desarrollo humano integral y el desarrollo sostenible de la sociedad». Apunta el citado técnico.
Por eso, el Estado debe garantizar servicios públicos esenciales, como la soberanía, integridad territorial, defensa nacional, autodeterminación, relaciones internacionales…; básicos, entre ellos la vida, salud, alimentación, agua potable, seguridad…, aquí entran los puentes peatonales; y no básicos, como, la energía eléctrica, transporte, telecomunicaciones, tecnología de la información, entre otros.
Muchas son las deudas pendientes para mejorar la calidad de vida de la población dominicana, en este mundo globalizado. Pero, mientras la tecnología sigue sus avances, y aprovechamos sus bondades; ¿por qué no creamos nuevos enfoques para el acceso a la educación; fortalecemos el entorno, el medioambiente y procuramos cuidar también la salud de nuestra gente?
Con la necesaria y oportuna construcción de puentes peatonales, su correcto uso, por parte de las y los caminantes, se garantiza también, que la gente no sea víctima de accidentes fatales o sufra algún daño causado por el flujo vehicular. En lo que respecta a Santo Domingo y sus municipios, es enorme, y su sobrepoblación sufre tortuosos embotellamientos.
Hasta la próxima entrega.
santosemili@gmail.com
(La autora es educadora, periodista, abogada y locutora residente en Santo Domingo, República Dominicana).
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