Santo Domingo (República Dominicana).- El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, denunció ante la Procuraduría General de la República, la puesta en marcha de un plan de «descrédito y campaña sucia» presuntamente diseñadas y financiadas por el Grupo Puntacana, supuestamente encabezada por el empresario Frank Rainieri y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.
Según Surun Hernández, la campaña en su contra es en retaliación por las acciones legales emprendidas en contra de la Corporación Aeroportuaria del Este (Aeropuerto de Punta Cana) y sus principales ejecutivos, por un presunto fraude de evasión fiscal ascendente a 500 millones de dólares en perjuicio del Estado dominicano, cometido a través de las sociedades Offshore Aiports Management Services, S.A. y Aviam LTD.
Explicó que ambas compañías al ser declaradas dolosamente «zonas francas especiales», se encuentran exentas del pago de impuestos, a cuyo favor se transfieren el 45% de los ingresos por tasas y operación de rampa del aeropuerto de Punta Cana, reduciendo en más de 65% la tasa imponible para el cálculo de impuesto sobre la renta, logrando evadir hasta la fecha más de 15 mil millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano.
Surun Hernández dijo que «se trata de un plan macabro y perverso que incluye el pago de supuestos abogados y Ongs., algunos de los cuales condenados a 2 y 3 años por faltas, como es el caso de Gregory Castellanos y Mario Fulcar, quienes semanalmente o quincenalmente, aparezcan en supuestas «ruedas de prensa» interponiendo denuncias sin pruebas, ni fundamentos, pero que son ampliamente difundidas por gestiones de José Luis Ignacio Paliza y por el empresario Frank Rainieri, que han destinado más de 400 mil dólares, entregando de 10 a 50 mil dólares a cada supuesto querellante; y todas se refieren a los mismos hechos».
El presidente del Colegio de Abogados recordó que la primera denuncia en su contra es del uso 119 millones de pesos, supuestamente sacados del CARD, para la compra de 5 solares en Higüey, donde será construido el Aeropuerto Internacional de Bávaro, propiedad del empresario Abraham Hazoury Toral.
«Le explico a la opinión pública y al país que yo como abogado experto en materia penal y comercial constituí la empresa o sociedad de carpeta CVC ONE, INC., la misma fue vendida en 10 mil dólares al empresario Abraham Hazoury en su totalidad, y luego dicho empresario compró los cinco terrenos en Higüey por el monto antes descrito, por lo que esta primera denuncia es falsa», indicó el jurista.
Dijo que la segunda denuncia se refiere al supuesto mal manejo de 300 millones de pesos a través de cursos, talleres, diplomados y maestrías impartidos por la Escuela Nacional del Abogado, «pero resulta que es dicha entidad, a través de su director, que organiza dicha formación y autoriza los pagos correspondientes, director que no es nombrado por el Presidente del CARD, sino por un Consejo Académico, del que es parte el Ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, el Poder Judicial y el Decano de la UASD, donde el CARD se encuentra en minoría».
Surun Hernández agregó que la Escuela Nacional del Abogado es una entidad autónoma en virtud del artículo 27 de la Ley 3-19 del CARD, cuyo trabajo de formación es visible y se puede verificar con la entrega de más de 300 mil certificados de formación, con la realización de más de 3.000 cursos de habilitación y cientos de maestrías gratuitas en favor de abogados y abogadas del país.
Indicó que la tercera acusación fue sobre un supuesto manejo inadecuado del Tribunal Disciplinario del CARD, el cual se maneja de manera independiente, con sus miembros y actúa de manera justa y equitativa en base a las pruebas.
Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana destacó que su gestión en el gremio ha sido auditada en siete ocasiones por firmas auditoras privadas de gran renombre y que todas las auditorias reflejaron un manejo correcto y transparente de los recursos del gremio, y señaló que todos los estados contables de ingresos, egresos y gastos en general están colocados en la página institucional del Colegio de Abogados, con total transparencia, «acción que no era frecuente en anteriores administraciones».
Surun Hernández comentó que los dos querellantes en su contra, los juristas Gregory Castellanos y Mario Fulcar, fueron sancionados conjuntamente con Johny de la Rosa, «acusados de sobornar a jueces, en un proceso remitido por el Consejo del Poder Judicial, donde se remitió al Tribunal Disciplinario del CARD una comprometedora grabación donde se trata la entrega de dinero para jueces.
El presidente del Colegio de Abogados informó que entregó un acto notarial a tres personas, entre ellas a Ricardo Nieves, para que investiguen todo su patrimonio, cuentas bancarias, inmuebles, acciones, incluyendo a nombre de mis padres, mis hijos, hermanos, amigos, relacionados; tanto local o internacionalmente, que, si encuentran un pincho no declarado, lo cedo a quien lo encuentre o al Estado dominicano».
Dijo que «lo que si encontraran son deudas, pues durante mi presidencia, mi patrimonio se ha reducido en más de un 75%, por la falta de tiempo a mi oficina de abogados; es lamentable que delincuentes y corruptos afecten con dinero sucio la imagen de quien, si ha entregado todo por las buenas causas, a quien colocó al Colegio de Abogados en el mapa institucional de la República, donde todas las informaciones desde hace años son colocadas en la página web.
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