Redacción (RT.com).- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, en el juicio de acción por la intentona golpista en contra del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, el 8 de enero de 2023.
Con los votos de Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, la Primea Sala del STF se pronunció por mayoría para sentenciar al exmandatario, con un resultado de 4 a 1. Además del líder derechista, fueron condenados sus colaboradores y los militares que lo acompañaron en el intento de golpe de Estado.
De los condenados junto a Jair Bolsonaro, los más relevantes por su peso institucional son: Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil y uno de sus hombres de máxima confianza (26 años de prisión, con inicio en régimen cerrado); Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, figura clave del ala militar; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Mauro Cid, exayudante de órdenes y delator que aportó pruebas decisivas sobre la trama (2 años con régimen abierto).
Fueron varios los delitos imputados: intento de golpe de Estado; tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho; organización criminal armada; daño cualificado; y deterioro de patrimonio público o histórico.
Es la primera vez en la historia del país que un exmandatario es condenado por un intento de golpe de Estado. Los ministros de la Primera Sala del STF aún deben realizar la lectura de la sentencia. Se espera que el juicio concluya por completo este viernes, reportó G1. Luego de ello, los abogados pueden presentar recursos, que deben ser revisados por el tribunal antes de que se ejecuten las penas.
Alexandre de Moraes, el primer juez instructor del STF en pronunciarse, votó el martes a favor de condenar a Bolsonaro por todos los cargos presentados por la Fiscalía. Las deliberaciones continuaron el miércoles y el jueves. El juez Luiz Fux fue el único que discrepó con sus colegas. Argumentó que el Tribunal Supremo no era el órgano competente para juzgar el caso y por otro que el político debía ser absuelto de los cinco delitos que se le imputaban por falta de pruebas.
ras la condena, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, reclamó una «amnistía amplia, general e irrestricta», como única manera para «pacificar a Brasil». En un video difundido en redes sociales, el legislador conservador aseveró: «»Queremos terminar con las persecuciones lideradas por (el juez supremo) Alexandre de Moraes y dar vuelta esa página de Brasil».
Proceso clave
En la sesión inaugural, del pasado 2 de septiembre, el expresidente brasileño no compareció ante el STF, en Brasilia, ya que alegó padecer vómitos por un cuadro de esofagitis y gastritis, según su abogado defensor Celso Vilardi. Recientemente, el exmandatario solicitó una autorización para realizarse un tratamiento en la piel.
La primera audiencia fue el inicio de la etapa final del proceso judicial, donde se decidió si se condenaba al derechista a más de 40 años de prisión.
Luego de varios días de deliberaciones, en las que se presentaron los cargos de la Procuraduría General de la República (PGR) y los argumentos de la defensa del expresidente, se procedió a la votación de los magistrados de la Primera Sala del máximo tribunal.
Los cinco magistrados que votaron son: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin (a favor de la condena); y Luiz Fux (en contra). La decisión se tomó por mayoría simple.
Origen de la trama golpista
Desde las elecciones de 2022, Bolsonaro y sus aliados enfilaron acusaciones de fraude electoral sin pruebas suficientes ante organismos electorales, promovieron desinformación y cuestionaron sistemáticamente al sistema democrático.
El 8 de enero de 2023 ocurrió la invasión de edificios públicos en Brasilia por simpatizantes bolsonaristas: el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial fueron atacados. Esa fecha se volvió clave para entender las dimensiones del intento golpista.
Las investigaciones revelaron reuniones ministeriales, planes de decreto, participación o connivencia de militares y exfuncionarios de alto rango, además de acciones para debilitar a la justicia electoral y al STF.
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