Tomo la palabra

Por Danilo Cruz Pichardo

Nadie quita méritos a la celebración de una conferencia de prensa en el Palacio Nacional para anunciar la cancelación de los contratos de suministro de asfalto, pues los mismos eran violatorios a la Ley 340-06, además de ser leoninos al interés nacional. La actividad periodística fue encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y por el director de Compras y Contrataciones Públicas, Antoliano Peralta Romero y Carlos Pimentel.

Pero muchos medios de comunicación social se quedaron esperando anuncio sobre la ingeniera Kinsberly Taveras, ministra de la Juventud, quien también, en su condición de funcionaria, ha violado el Art. 14 de la Ley 340-06 y sin que se produzca su destitución, a pesar que el presidente de la República, Luis Abinader, ha sido reiterativo en la promesa de transparencia en su gestión, así como de combate a la corrupción y a la impunidad.

El caso de la ministra de la juventud es complejo, pues presentó una declaración jurada, ante la Cámara de Cuentas, que contiene datos contradictorios. Y levanta, además, válidas sospechas en una fortuna ascendente a 106 millones de pesos, una dama que fue directora del Distrito Municipal La Guáyiga, con un sueldo de apenas 35 mil pesos.

En trabajos periodísticos presentados por Nuria Piera a la ministra de la juventud se le atribuye delitos que van desde tráfico de influencias, constitución irregular de compañías, nepotismo y enriquecimiento ilícito, lo que motivó a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de la Dirección de Ética Gubernamental, a solicitar al presidente de la Cámara de Cuentas a que no renuncie y dé prioridad a la investigación del caso inherente a Kinsberly Taveras.

Pese a ser un caso que tiene diez días ocupando los espacios de los medios de comunicación social y de las redes sociales, el presidente de la República ha guardado silencio, actitud no cónsona con la anunciada característica, que supuestamente adorna al jefe de Estado, de “poner el oído en el pueblo y escuchar”.

Muchos pensaban que, en su discurso de la noche del 16, con motivo de cumplir dos meses al frente de los asuntos públicos, se referiría al tema, pero tampoco lo hizo.

Expertos en materia comunicacional le endilgan al presidente pretender tumbar un tema con otro.

En una alocución de tres minutos, el presidente Abinader anunció que sometería un proyecto de ley para reducir a un 50 % el monto que la Junta Central Electoral otorga a los partidos políticos, para con el otro 50 % construir el recinto de la UASD en el municipio Santo Domingo Este.

Es un tema interesante, pero no ameritaba dirigirse al país, pues esa medida se pudo dar a conocer mediante una conferencia de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia o hasta mediante una simple nota de prensa.

Resulta, sin embargo, carente de lógica y de razón que un presidente le hable a su población —con las expectativas creadas previamente– para decir que su sueldo, que es modesto comparado con otros, sería donado a una institución que no especificó. ¿Quién le ha pedido, señor presidente, que renuncie a su merecida remuneración? Todo trabajo tiene que ser pagado. Además, ¿es necesario paralizar a un país para un anuncio similar?

Exhibir tal desprendimiento, en momentos en que la gente esperaba otra cosa, es motivo de análisis y quizás es una forma de inducir la mirada hacia Faride Raful, la estrella naciente del PRM, que crea su propia sepultura con infelices alegatos en su apego al famoso barrilito.

Ni un aspecto ni otro eran motivo para una alocución nacional. Si el presidente procura implementar verdaderas políticas de austeridad, conscientes todos que encontró un país quebrado, no debe hablar de renunciar a su sueldo. ¿A cuánto asciende en término porcentual su sueldo en el Presupuesto de la Nación? ¡Por Dios!

La población estuviera todavía aplaudiendo si Luis Abinader hubiera reducido los sueldos de todos los funcionarios públicos, eliminando también los privilegios irritantes que disfrutan los mismos, como son gastos de representación, tarjetas de crédito, compensaciones, seguros internacionales, combustible, etc. Por ese concepto sí se logra un ahorro importante.

La mayoría de los dominicanos apoyaron al presidente Abinader en sus medidas relativas a eliminar y a fusionar empresas estatales innecesarias y que concomitantemente eran fuentes de corrupción. Pero todo indica que la situación heredada demanda de otras tantas para poder corregir distorsiones y superar déficits.

Necesita ajustar el presupuesto de lo que resta de año y el presupuesto del 2021, para reducir esos défits a su mínima expresión, pues nadie pone en duda que le dejaron las arcas vacías,  pero originalmente solo pensó en gravámenes para la clase media y para los pobres, así como en préstamos y bonos, ascendentes a miles de millones de dólares, que comprometen nuestro futuro económico,  en ningún momento ha dirigido la mirada hacia el empresariado, un sector que hasta el momento ha gozado de todas las facilidades en la presente administración, lo que genera especulaciones de todos los tamaños.

Al momento de un jefe de Estado pedir sacrificio a la población, ese mensaje de sacrificio tiene que estar dirigido a todos los sectores de la sociedad dominicana y en la práctica no ha sido así.

danilocruzpichardo@gmail.com