Por Danilo Cruz Pichardo
La democracia dominicana es pura pantalla. En ningún país con leyes que garanticen igualdad un presidente, en búsqueda de reelección, se pasa cuatro años en campaña y mediante el uso de los recursos públicos, dinero de la gente del pueblo.
Cada vez que un jefe de Estado da un simple picazo para una obra se promociona a través del multimillonario capítulo de publicidad gubernamental. ¿No es suficiente la cobertura y divulgación de los medios de comunicación social, que tienen como fuente periodística principal todo lo que hace la Presidencia de la República?
Lo grave de todo es que los recursos del contribuyente se toman para hacer campaña sucia contra los opositores externos e internos del Gobierno. Desde palacio se preparan expedientes contrarios a los candidatos del PLD y de la Fuerza del Pueblo, para en su momento –y dependiendo de quién sea la competencia– diseñar campaña sucia, a implementar, sobre todo, en las redes sociales, las cuales carecen de normas jurídicas para sancionar a aquellos que practican los delitos de difamación e injuria.
Pero también ya inició campaña sucia contra Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara.
Alburquerque denunció que las obras gubernamentales son otorgadas mayoritariamente al empresario Manuel Estrella, el mismo que estuvo involucrado en Punta Catalina, cuyas plantas fueron sobrevaluadas, conforme a declaraciones del propio Luis Abinader, cuando se encontraba en oposición.
En esa oportunidad Marcelo Odebrecht, que cumple condena en cárcel brasileña, se declaró delincuente internacional, al otorgar sobornos a gobiernos y políticos influyentes a cambio de sobrevaluación de las obras que construía. Y como Manuel Estrella participó en el levantamiento de Punta Catalina lo que procedía es que el “el gobierno del cambio” investigara a este caballero, a través del Ministerio Público. No fue así.
Lo que se confirma es que Estrella es cabeza principal de un poderoso grupo de Santiago, propietario de la multimillonaria compañía Acero Estrella, pero también de zonas francas, el aeropuerto, la principal clínica, universidades, etc. Se dice que es el mismo equipo político-empresarial al que pertenece la vicepresidenta Raquel Peña. Ese grupo hizo grandes aportes económicos en la campaña de Luis Abinader. Sus miembros son intocables y se les ha distribuido con privilegios irritantes el botín del Estado.
El Gobierno de Abinader en vez de ofrecer una respuesta seria a la denuncia de Alburquerque, lo que ha hecho es auspiciar campaña difamatoria en su contra. A través de los denominados influencers y plumíferos perversos corrió como pólvora en las redes que ese gran técnico se iría al PRD de Miguel Vargas. Una falsedad. También se incluyó a Guido Gómez, quien viene insistiendo en que se publique la auditoría, de la gestión pasada, del Ministerio de Hacienda, donde hay una bomba oculta contra un expresidente.
Se observa a Hipólito Mejía servir de fuerza de choque del presidente Abinader, a quien había llamado para las primarias del 2019, de forma irrespetuosa y despectiva, “La Tayota”.
Al expresidente se le ha visto dirigir ataques, en varias oportunidades, contra Guido Gómez Mazara, quien se proyecta con perspectivas de triunfo para la convención del PRM, al aglutinar el enorme disgusto que muestran los militantes de ese partido, después de contribuir a llevar a la Presidencia de la República a Luis Abinader y no haber sido tomado en cuenta para empleos públicos.
No se tomaron en cuenta siquiera aquellos que fueron delegados de mesas, con los cuales el hoy mandatario asumió un compromiso público y cuyo video aparece en Google y en Youtube. Busquen ese video para que conozcan hasta donde llegan las ofertas de ciertos políticos en campaña.
En el marco de la campaña sucia que inicia palacio se pretende acusar a Gómez Mazara de una eventual vuelta al poder de Leonel Fernández o del PLD, pero Guido no está en el Gobierno. Se supone que si Luis se reelige o no es por sus ejecutorias y no por lo que haga o deje de hacer una persona que su único pecado es, con el derecho que le concede la Constitución, aspirar a la Presidencia de la República. ¿O acaso no puede?
Efectivamente en reuniones celebradas, el presidente Mejía ha sugerido cerrar el paso a Guido de cualquier manera, pero la Ley 33-18 es muy clara y el PRM está en la obligación de hacer primarias cerradas (con el padrón del PRM actualizado) o abiertas (con el padrón de la JCE).
El presidente Abinader aprueba la posición de Mejía y no se descarta que se pretenda imponer un padrón de servidores públicos, que sería una réplica ampliada a la Asamblea de Delegados que escogió a las autoridades del PRM, pero a fin de cuentas un procedimiento ilegal que provocaría que se eleve un recurso a los órganos electorales correspondientes. Y las consecuencias solo tendrían un responsable.
Mientras se barajan opciones –todas ilegales y antidemocráticas– se viene haciendo un sucio trabajo en redes sociales, dirigido hacia Gómez Mazara. De las cosas que se dicen es: “Guido es bueno para el 28, no dividamos al PRM”. ¿Y por qué se pretende establecer la fecha en que una persona debe aspirar? Es una decisión propia de cada dirigente del PRM el estimar su momento oportuno.
Además, ¿Por qué tiene el PRM que dividirse por el hecho de que en las primarias se presenten varias opciones, lo que resulta saludable para cualquier entidad democrática?
¿Por qué se procura sembrar un sentimiento de división en la militancia del PRM? Esa idea, bien calculada, solo tiene dos posibles causas: 1) Desde palacio emplearían métodos irregulares o fraudulentos; y 2) Los números no les dan para ganar. Se sabe que los partidos políticos y sectores, dentro de un mismo partido, realizan encuestas como herramienta de trabajo, las que nunca publican si son desfavorables.
Coincidentemente el mismo día que Hipólito amenazó a Guido con “sacarle los trapos al sol” habló de que tiene sus encuestas. Desde que el suscrito era chiquito escucha decir lo siguiente: “Al árbol que le tiran es porque tiene frutas”.
danilocruzpichardo@gmail.com
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