Por José Alejandro Vargas
Si el humanismo nos conmina a situar al hombre como centro de todas las cosas con la finalidad de que alcance una vida plena de satisfacción, entonces el principio de solidaridad como genuina expresión del sentimiento se traduce en el apoyo que debemos dispensar al prójimo cuando requiera de nuestro auxilio. En este sentido, se ha manifestado en más de una ocasión el papa Francisco que desde la hondura de sus reflexiones siempre destaca las altas credenciales de la solidaridad social, en la consecución de las instituciones humanas y en el papel que ha de jugar en un mundo abrumado por los conflictos y las desigualdades.
A los dominicanos se les reconoce la disposición intrínseca de ser solidarios, de ser caritativos, algunos dicen que ese comportamiento filantrópico parece formar parte de su condición genética, ya que no reparan en desprenderse del pan para saciar el hambre del vecino necesitado. Es esta una inequívoca señal de su altruismo. No sin razón se dice que el éxito turístico de la República Dominicana no tan solo hay que buscarlo en las bellísimas playas que se expanden a lo largo de nuestro litoral marítimo y en las infraestructuras hoteleras levantadas, sino, también, en la calidez solidaria de su gente que siempre está dispuesta para la hospitalidad.
Tan preeminente es la solidaridad para el pueblo dominicano que, en la reformada Ley Sustantiva de 2010, la Asamblea Revisora la constitucionalizó como principio en su preámbulo, estableciendo lo que sigue a continuación: “[…] inspirados en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales; estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social…”
Imbuido por una innegable determinación humanista el Gobierno Dominicano ha salido a tocar la puerta de la comunidad internacional en procura de asistencia para el pueblo haitiano, cuya desgracia alcanza décadas de sufrimientos y no podrá subsanarse si no por la acción mancomunada de los países que poseen los medios para acudir en su auxilio. Ha sido la cruzada emprendida por el presidente dominicano a favor de la causa haitiana lo que ha obligado a la ONU a echar unas miradas hacia la situación precaria de esa nación aterrorizada por el vandalismo y la carencia de liderazgo.
La manifestación solidaria del gobierno dominicano para con Haití no concluye en las múltiples diligencias y esfuerzos desplegados para que la colectividad internacional lo ayude a encontrar el sendero de la estabilidad política, económica y social, sino, además, en acciones directas de solidaridad, por cuanto miles de ciudadanos haitianos reciben diariamente atenciones médicas y educativas en nuestro territorio, sin que pretendamos ninguna contraprestación por este gesto de filantropía y humanismo, simplemente son actos humanos que se corresponden con la generosidad de nuestro pueblo, cuyo altruismo se ha convertido en el sello distintivo que nos identifica.
Pero la realidad, a veces incomprendida y otras veces propaladas con intenciones malsanas, es que tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias precariedades, nuestros propios afanes cotidianos, y para hacer frente a tantas vicisitudes necesitamos recursos que no estamos produciendo; siendo así, es evidente que esas circunstancias constituyen un límite infranqueable que troncha el alcance de nuestras aspiraciones solidarias, y por más que queramos no disponemos del remedio para aliviar las miserias de ese pueblo, que por dignidad humana merece tener un destino menos pesaroso y más promisorio.
El gobierno dominicano ha encaminado todas las diligencias pertinentes para auxiliar a la comunidad haitiana, lo que resta descansa en los hombros del liderazgo político haitiano que es el llamado a crear las condiciones para que esa pobre nación encuentre la paz y el progreso que durante tantos años le han negado.
A los haitianos les compete decidir si continúan viviendo en la sociedad del desorden y el vandalismo, o instituyen una democracia que les permita recuperar la paz y el orden, condiciones indispensables para que un territorio sea considerado como Estado.
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(El autor es juez del Tribunal Constitucional, residente en Santo Domingo, República Dominicana).