Santo Domingo (República Dominicana).- La Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana expresó su solidaridad con las familias desalojadas en todo el país y su apoyo a las organizaciones que se han dedicado a defender los derechos fundamentales de esta.
Al mismo tiempo, anunció que se une a la lucha de la Red Urbana Popular, el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Ciudad Alternativa, y las Organizaciones de Derechos Humanos, que han estado al frente de la batalla para proteger el derecho a una vivienda digna, «en medio de una creciente crisis de desalojos forzosos en nuestro país».
La Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana también saludó el anteproyecto de ley presentado por el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias desplazadas y establecer mecanismos efectivos de protección contra los desalojos forzosos.
«Este esfuerzo legislativo representa una oportunidad histórica para resolver un problema que afecta a miles de familias dominicanas, especialmente a las más vulnerables. El derecho a una vivienda digna no es solo un principio constitucional, sino un derecho humano fundamental que debe ser protegido y defendido en todos los niveles del gobierno», agregó.
Dijo que reconoce los méritos del proyecto de ley, «pues propone reglas claras y equitativas para los desalojos, priorizando la protección de las comunidades establecidas y las personas en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, consideramos que se pueden introducir mejoras para asegurar que esta ley cumpla plenamente con su propósito de proteger a los desalojados y prevenir futuras crisis».
Asimismo, la Red Socioambiental indicó que a nombre de todas las organizaciones que representa, exhorta al presidente Luis Abinader a emitir un decreto que establezca una moratoria a todos los procesos de desalojos en curso hasta que el proyecto de ley sea aprobado e implementado. Esta moratoria permitirá salvaguardar a las familias vulnerables mientras se establecen los mecanismos adecuados para su protección.
Igualmente, propone que el proyecto de ley incluya un mandato para que el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, desarrolle programas específicos de vivienda social para las personas desalojadas, priorizando soluciones sostenibles y ecológicas que beneficien tanto a las personas afectadas como al medio ambiente.
También sugiere que el proyecto de ley del senador Taveras Guzmán incorpore mecanismos formales de consulta y participación comunitaria en cualquier plan de desalojo, al considerar que las decisiones sobre los desalojos no deben tomarse sin la participación activa de las personas afectadas, asegurando que sus voces sean escuchadas y respetadas.
La Red Socioambiental propone que el Estado garantice compensaciones justas a las familias desalojadas y asegure que el reasentamiento se realice en condiciones que promuevan el desarrollo social y económico de las comunidades afectadas, y estima que el proyecto de ley debe garantizar que estas soluciones habitacionales alternativas no solo sean temporales, sino que contribuyan al bienestar a largo plazo de las personas.
Exhortó al presidente Abinader a que, «en ejercicio de su poder ejecutivo, apoye activamente estas reformas y garantice que la República Dominicana avance hacia una sociedad más justa y equitativa, donde el derecho a una vivienda digna sea una realidad para todos y todas».
