La Vega (República Dominicana).- El Ministerio Público informó que fueron recuperados varios vehículos chatarras y un arma de fuego que estaban en custodia de la Fiscalía de este este distrito judicial, bajo la modalidad de evidencias materiales de procesos penales en investigación y de casos ya procesados.
Además, en el transcurso de la investigación, procedió con el arresto y sometimiento a la justicia de cinco personas, entre ellos a la coordinadora de la Fiscalía de La Vega.
El Ministerio Público explicó en un comunicado de prensa, que por ese caso fueron apresados mediante orden judicial, Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán y su hermano Aleudy Cabrera Escarramán, así como Gilberto Manuel Burgos, José Aníbal Abreu y Wilson Rafael Vargas Rosa, contra quienes solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja por la gravedad de los hechos y la pluralidad de imputados.
Con relación a los hermanos Cabrera Escarramán y los imputados Burgos y Abreu, el Ministerio Público indicó que fueron apresados este fin de semana y sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, estando a la espera de que el tribunal fije la fecha de la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, consistente en prisión preventiva.
Señaló que el grupo fue sometido a la justicia en adición al proceso seguido en el caso del encartado Wilson Rafael Vargas Rosa, quien fue arrestado el 21 de julio y presentado ante ese tribunal, siendo aplazada la audiencia para el conocimiento de la medida cautelar, igualmente, consistente en prisión preventiva, para el próximo miércoles 29 de julio.
Al ofrecer los detalles del caso, el Ministerio Público indicó que Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, quien se desempeñaba como coordinadora de la Fiscalía de La Vega, aprovechando la reducción de empleados que laboraba en ese órgano como parte de las medidas preventivas para contrarrestar la propagación del coronavirus (COVID-19), habría sustraído varios vehículos chatarras y armas de fuego correspondientes a evidencias por los referidos procesos penales.
En el transcurso de la investigación se ha establecido que Cabrera Escarramán habría vendido los vehículos a Wilson Rafael Vargas Rosa, con ayuda de su hermano Aleudy Rafael Cabrera, y que de igual forma, con asistencia y ayuda de Wilson Vargas, habían sustraído de la Oficina de Control de Evidencia varias armas de fuego.
Asimismo, se ha establecido que el imputado Gilberto Manuel Burgos, quien admitió su participación en el hecho delictivo, fungía como intermediario en la venta de armas de fuego, acciones cometidas conjuntamente con los encartados Wilson Rafael Vargas Rosa y José Aníbal Abreu, éste último quien habría comprado la cantidad de 10 armas de fuego procedentes del robo practicado en la Fiscalía de La Vega, por la suma de 85 mil pesos.
Detalló que durante las pesquisas se han realizado varios allanamientos en residencias y otras propiedades de los imputados con autorización judicial, en el transcurso de los cuales fueron recuperados cuatro vehículos, incluyendo jeepetas y furgonetas, que habían sido sustraídos de un depósito de almacén fuera de las instalaciones de la Fiscalía de La Vega, así como una pistola marca Bersa, una caja de cápsulas y cargadores que fueron sustraídos de la Oficina de Control de Evidencias de esa dependencia.
Asimismo, el Ministerio Público dijo que en el transcurso de los allanamientos fueron confiscados dinero en pesos y dólares, siete relojes de diversas marcas y otras joyas, varias tarjetas de crédito de diferentes bancos y documentos personales, además de decenas de celulares y otros aparatos electrónicos, entre otros objetos.
Agregó que profundiza las investigaciones, al tiempo de informar que contra los imputados han obtenido diferentes evidencias documentales, materiales, testimoniales e ilustrativas vinculantes al hecho delictivo.
Sostuvo que, por el entramado criminal, el caso debe ser declarado complejo y enviar a prisión por un período de 18 meses a los imputados en virtud de la evidente existencia del peligro de fuga y porque es la única medida que garantiza su presencia a todos los actos de proceso y que los mismos no distraigan evidencias y bienes que sean producto del delito.
Señaló que al grupo se le atribuye la comisión del tipo penal de asociación de malhechores, robo agravado y tráfico de armas en violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley número 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, lo cual podría conllevar una sanción de hasta 20 años de prisión.
Comentarios sobre post