La enseñanza obligatoria de defensa personal en los centros educativos públicos y privados, es una medida encaminada de un proyecto de ley que se analiza en la Cámara de Diputados, que busca mecanismos de protección a las niñas y adolescentes en edades comprendidas entre los 10 y 17 años.
Se trata de una propuesta legislativa basada en las informaciones sobre las constantes denuncias de agresiones a las mujeres en la República Dominicana. Además, con referencia cita estudios de América Latina y el Caribe donde se evidencia que somos el segundo destino de la región con la tasa más alta de feminicidios con 2.4 mujeres asesinadas por cada 100,000.
Independientemente de que el proyecto está bien intencionado, creo que ese fenómeno amerita ser enfrentado con otros mecanismos más severos.
La enseñanza obligatoria de defensa personal en los centros educativos públicos y privados no es una garantía para impedir las agresiones sexuales pues, por razones físicas, la fuerza del agresor supera a la de sus víctimas. A fin de cuenta, terminan matando a las víctimas de acosos.
Las estadísticas revelan que mueren más mujeres a manos de sus parejas, que a la inversa. La violencia contra las damas en ocasiones culminan en feminicidios, una tragedia que persiste de manera constante. Al analizar los casos registrados durante el 2022, se observa una disminución en comparación con el año 2023. Durante el periodo 1 de enero hasta el 31 de diciembre del pasado año hubo 51 feminicidios, siete menos que en el 2022, que registró 58.
Una investigación divulgada por el Centro de Investigación de Políticas Públicas (CIPP) reveló que entre 2015 y 2021 en la República Dominicana se reportó un promedio anual de 67,698 hechos de violencia de género y violencia doméstica. En ese espacio de tiempo ocurrieron 473,884 casos, equivalente a 67,698 por cada año. En el 2020 se registró el menor número de esas eventualidades con 57,448, de los cuales 15,314 corresponden a violencia de género, y 42, 134 a violencia doméstica.
Por otro lado, según los registros periodísticos, los maltratos contra los niños, hasta el punto de quitarle la vida, así como los feminicidios, marcaron el territorio nacional el inicio del 2024, evidenciando la gravedad de la violencia intrafamiliar y desafiando los esfuerzos que fomentan las autoridades para frenarla. Incluye violaciones y torturas a menores de dos y ocho años. Lamentablemente, esas situaciones aún prevalecen.
Nuestra Constitución establece la igualdad en los derechos fundamentales y propone un sistema de garantías que aseguran su efectividad. Hace referencia a los sectores que demandan mayores protecciones y garantías del Estado, como las personas de la tercera edad, discapacitados, menores de edad y las mujeres.
El Código Penal Dominicano establece sanciones de hasta 10 años de prisión para quienes sean hallados culpables de violación sexual contra un o una menor de edad. Las agravantes podrían aumentar el castigo hasta los 20 años de reclusión. En lo que respecta a los feminicidios, la sanción es de 20 a 35 años de prisión, igual a la que se aplica al homicidio calificado.
Como podemos observar, son fuertes las penalidades contra esos delitos. No obstante, los feminicidios y muertes, violaciones de mujeres y a menores de edad, no cesan. Hay que buscar la manera de erradicar del medio a los depredadores sexuales y asesinos, que no sea enviarlos a prisión.
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(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
