San Juan, 20 jul (INS).- El vicepresidente de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, afirmó hoy que “una propuesta económica seria y digna para Puerto Rico debe tener la reconstrucción del sistema energético como su piedra angular. La disponibilidad de una oferta de energía eléctrica confiable y a precio accesible, es el fundamento y componente de mayor importancia para la recuperación y fuente de capacidad de producción de la economía de la isla”
A su juicio, en Puerto Rico hay que implementar una política pública energética clara y directa, sin ambages.
Explicó que esa política pública debe estar fundamentada en seis lineamientos:
Un mandato férreo que obligará a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a establecer los proyectos e iniciativas para proveer energía a costo máximo de aproximadamente 23 centavos kilovatio hora a clientes residenciales.
Requiriendo a la AEE que toda nueva inversión obligatoriamente tenía que venir acompañada de una reducción en su costo de operación.
Requiriendo que toda tecnología de energía renovable a implementarse debe ser integrada solo en la medida que resultase en una reducción del costo de la energía.
Reevaluando el contrato de New Fortress y LUMA a la luz de la anterior política pública, y a la luz de los riesgos de seguridad y falta de permisología requerida.
Requiriendo que toda mejora para integrar gas natural tendrá que resultar en una reducción del costo operativo de la AEE.
La implementación de una política para la gestión del costo de combustible que evite que Puerto Rico esté a merced del mercado de petróleo.
“En específico, en cuanto a LUMA, la posición de Proyecto Dignidad siempre ha sido la misma: si LUMA tiene el ‘expertise’ administrativo, que saque su ganancia de su capacidad administrativa y no de pagar su ineficiencia con el bolsillo del pueblo. Eso fue lo que en parte quebró a la AEE en un principio, y de eso es queremos salir”, continuó Frontera Suau.
Mientras, el presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez Muñiz, señaló que “con relación a la deuda de la AEE, Puerto Rico necesita implementar una política pública que requiera que toda negociación de la deuda no debe conllevar un impacto mayor al costo k/h de más de 2.5 centavos adicionales incluidos en el costo de operación antes mencionado”.
“Esa medida garantiza un repago anual no mayor de 250 millones de dólares, que a un 6% anual sería equivalente a 4.6B de una deuda total de 9.3B que tiene la AEE. Solo debe considerarse un acuerdo de deuda con un recorte de 60% o más de la misma. Ahora mismo, el Plan de Ajuste Fiscal considera un recorte a esta deuda de tan sólo 30%, lo que es inaceptable”, aseguró Vázquez.
En cuanto al retiro de los empleados de la AEE, el fundador de Proyecto Dignidad dijo que “su costo no debe formar parte de la negociación de la deuda de la AEE, pero sí debe protegerse en su totalidad, evaluando la posibilidad de que el mismo se establezca como una nómina especial de la empresa asumida por el gobierno”.
Por último, enfatizó que “respecto a la operación de la junta de directores de la AEE, es imperativo que se le den directrices puntuales para que su ejecutoria esté enfocada primordialmente en asegurarse de la implementación de los proyectos de mejoras financiados por fondos federales, y que estos no solo resulten en mayor resiliencia, sino en reducción de costo de operación. Hoy esa junta se sienta sobre 10 mil millones de dólares en fondos de reconstrucción”. INS
aa
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