Santo Domingo (República Dominicana).- La Procuraduría General de la República examina y realiza los estudios contables de las declaraciones juradas de bienes presentadas al Ministerio Público por la Cámara de Cuentas (CC).
Así la procuradora Miriam Germán Brito, quien sostuvo reuniones con el presidente de la CC, Hugo Francisco Álvarez Pérez, en las cuales trataron de las dificultades que puso a ese órgano el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para la auditoría a los fondos públicos que recibió a través de la Junta Central Electoral (JCE) en los años 2012 y 2016.
Álvarez Pérez visitó la Procuraduría General los días 9 y 30 de septiembre para tratar diversos temas, incluyendo el de las auditorías al PLD que dieron lugar a unas diligencias de parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución.
Germán Brito aseguró que desconoce las razones que llevaron al PLD a obstaculizar el trabajo de la Cámara de Cuentas, pero adelantó que ya el Ministerio Público tiene una investigación en curso al respecto.
La Pepca y la Dirección de Persecución requirieron la comparecencia del presidente interino del PLD, Juan Temístocles Montás Domínguez, así como la del contralor de la organización, Francisco Liranzo, y el gerente financiero, Audilio Vargas.
El presidente de la Cámara de Cuentas también depositó en la Procuraduría General declaraciones juradas de bienes de funcionarios o exfuncionarios y, además, aportó una lista con los denominados “omisos” que incumplen con la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, del 8 de agosto de 2014.
“Se está investigando un gran número de denuncias sobre algunos departamentos del Estado, también sobre declaraciones juradas que fueron traídas por la Cámara de Cuentas, entre ellas a funcionarios que no hicieron declaraciones juradas en el tiempo establecido por la Ley”, dijo Germán Brito en su rueda de prensa de este martes.
“Las declaraciones juradas serán investigadas todas y el que tenga un incremento diferente se pudiera someter a la justicia, si no tiene justificación para ese incremento de su fortuna, porque podemos deducir que hay un enriquecimiento ilícito”, planteó.
La magistrada se refirió al tema al responder una pregunta al concluir una rueda de prensa virtual, vía la plataforma de Zoom, que ofreció a periodistas que cubren la fuente de la Procuraduría General.
Sostuvo que un mes y medio jamás resultará un tiempo excesivo para un proceso de investigación de una denuncia o una querella en la que, como en algunos casos, existen “muchas cuestiones a ser examinadas por peritos forenses” y, además, se debe pedir información a entidades del área financiera.
“Es que, si uno hace un expediente y lo conduce de manera atropellante y con una rapidez desesperada, la más probable es que le salga flojo el caso y que en un juicio al fondo no se sostenga”, sostuvo Germán Brito.
“Por ejemplo, para la condición de instrucción basta que un hecho sea probable y que la persona investigada sea el probable autor de eso, pero para un juicio no es así, para un juicio al fondo debe probarse fuera de toda duda razonable”, dijo la procuradora general.
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