Santo Domingo (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, coordinó con el Ministerio de Defensa, que encabeza el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, la intervención militar en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el operativo enfocado en detectar la posible presencia de armas de fuego, blancas, teléfonos móviles y sustancias ilícitas dentro del recinto.
La información la ofreció Roberto Hernández Basilio, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), al explicar sobre la requisa que iniciaron el Ministerio Público y las autoridades penitenciarias, junto a efectivos militares en la madrugada de este lunes.
En el operativo participan más de 700 miembros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado.
Como parte del operativo, unidades móviles de los Comedores Económicos suplieron unas 9.500 raciones para el almuerzo de los privados de libertad, así como del personal penitenciario y militar.
“Llegamos cerca de las 4:00 de la madrugada y la requisa se ha estado desarrollando en cada una de las áreas de manera pormenorizada”, dijo Hernández Basilio.
“Esto es para nosotros poder garantizarles la seguridad a los privados de libertad”, sostuvo, al recordar que el recinto alberga a unos 7.200 internos.
Explicó que con la requisa se busca detectar diferentes tipos de ilícitos, incluyendo la posible posesión de sustancias controladas, así como armas de fuego o de fabricación carcelaria.
El responsable de la DGSPC valoró el apoyo de las tropas militares y de los distintos organismos e instituciones del Estado que participan en el operativo. En adición, hizo un llamado a los familiares de los privados de libertad, a los que aseguró que todos los internos “están bien” y que la requisa se desarrollaba “en completo orden”, con el debido respeto a los derechos humanos de los internos.
“Porque solamente es una requisa a las condiciones y a las propiedades que pudieran incautarse ahí adentro, no hay ninguna persona que haya tenido algún tipo de situación ni a la que se le hayan violado sus derechos”, expresó Hernández Basilio.
Anunció que será innecesario que mientras dure el operativo, los familiares de algunos internos se esfuercen por llevarles alimentos, porque se están supliendo debidamente.
“El Estado les ha garantizado y les garantiza la alimentación, hoy, mañana, pasado y siempre. Entonces, mientras dure la intervención no vamos a recibir alimentos de los familiares porque está garantizado, sientan la seguridad de que esa parte, los servicios médicos y demás están garantizados en este proceso de intervención, que es un proceso normal, lo único que se ha hecho bajo la conducción del Ministerio de Defensa por una decisión de la Procuraduría”, indicó Hernández Basilio.
Ponderó que al sistema penitenciario de República Dominicana tenía que llegar “el momento en el que la sociedad entienda, vea y colabore” con la solución de los males carcelarios, siempre bajo el control de las autoridades.
Hernández Basilio resaltó el nivel de tranquilidad del operativo. También, que los abanicos que fueron ocupados podrían ser devueltos a los internos porque, “en un país como en el que vivimos, tropical, no podemos decir que, a las celdas, por demás hacinadas, vayamos a retirarles los abanicos”. Sin embargo, añadió que en algunos electrodomésticos que denotan privilegios, como aires acondicionados, serán retirados.
“Cuando (ustedes) ven los abanicos, es que en los abanicos nosotros hemos encontrado algunos ilícitos ahí dentro, celulares, las drogas dentro de la carcasa de los abanicos, lo que se hace es que se revisan, luego son puestos nueva vez”, comentó el funcionario de la Procuraduría.
Sobre los negocios, como pequeños colmados, que operan en La Victoria, dijo que se están analizando porque “hay un nuevo enfoque que estamos dándole a la gestión del centro penitenciario de La Victoria”.
“Eso es algo que está en proceso de evaluación, un inventario, un levantamiento para que las cosas sean con el orden que manda la Ley 113-21, sobre qué puede hacer un privado de libertad y qué debe, como control, tener la autoridad penitenciaria”, señaló Hernández Basilio.
Reiteró que los animales utilizados como mascotas serán resguardados y recordó que se trata de un tema bajo conocimiento del Departamento de Protección Animal del Ministerio Público. Además, que “en ningún momento” se contempló la posibilidad de que algún animal pudiera sufrir algún tipo de maltrato.
Sin embargo, insistió en que incluso por un tema de salubridad para los privados de libertad y sus custodias, las autoridades penitenciarias aplicarán un mayor control sobre la posesión de animales, como perros y gatos.
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