Santo Domingo (República Dominicana). – El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddy Alcántara, anunció este jueves que esa institución iniciará operativos en contra de las entidades que se dediquen al financiamiento de bienes muebles e inmuebles que no hayan cumplido con la resolución 1511-2022, que dispone que esos comercios deben registrar los contratos de venta condicional en esa dependencia.
Explicó que esa disposición está contenida en la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario número 358-05, al tiempo que advirtió que a partir de que inicien esos operativos “estarán vedadas las entidades financieras que no cumplieron con dicha resolución”.
Señaló que a estas entidades que se dediquen al financiamiento de bienes muebles e inmuebles que violen la referida resolución “les será prohibida la operación financiera o comercial con los consumidores”.
El funcionario manifestó que en caso de que sea clausurada la transacción o que sea prohibida por el incumplimiento de la disposición, “se procederá a tomar medidas cautelares que instituye la ley, para evitar que sean utilizados contratos que no estén debidamente depositados y aprobados por Pro Consumidor”.
Alcántara dijo, asimismo, que esa institución solicitará la intervención de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para realizar inspecciones y verificación del cumplimiento con relación al pago de los impuestos correspondientes para ese tipo de transacción.
Recordó que la resolución 1511-2022, de fecha 25 de agosto de este año, establece que todas las entidades comerciales no pertenecientes al sector financiero regulado depositen ante Pro Consumidor para análisis y registro, los contratos de venta condicional de muebles, “así como aquellos contratos de préstamos dirigidos a consumidores, por ser considerados estos documentos como contratos de adhesión, de acuerdo a lo establecido en la Ley 358-05”.
Esa resolución reitera, además, que el registro de los contratos de venta condicional de muebles y los contratos de préstamos dirigidos a consumidores no exime de la obligación de cumplimiento de los demás procedimientos legalmente establecidos para su validez en el país.
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