Santiago (República Dominicana).- El actual alcalde de Santiago, Abel Martínez, habría cometido irregularidades por un monto de unos RD$3,031,889,840.74, denunció el comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Para fundamentar du denuncia presentó una auditoria social que incluye «Contratos Irregulares y Gastos Presupuestarios con un manejo indebido correspondientes al período 16 de Agosto de 2010 al 30 de Noviembre de 2019.
En la auditoria al uso indebido de los recursos que analiza las publicaciones oficiales del cabildo, cita el Contrato de Concesión Suministro, Instalación y Mantenimiento del Alumbrado Público con una inversión de $1,031.6 millones; el Contrato de Delimitación y Embellecimiento Av. Monumental en la entrada a Santiago que es ilegal, por $66,824,249, y el contrato -también ilegal- para la Recolección de los Desechos Sólidos con la empresa COMLURSA por $554.5 millones.
Incluye también $73, 8 millones en consumo de bebidas, comidas, dietas y gastos de representación; el manejo irregular de la cuenta «Construcciones Obras» con $1,246. 6 millones, y desvíos del Fondo de Pago Prestaciones Laborales a Empleados Cancelados, $58.2 millones.
La denuncia fue realizada por Andrés Cueto, presidente del PRM, Erving Vargas, del Equipo Técnico, y Federico Reynoso, secretario general.
La auditoria social a entidades estatales está contemplada tanto en la Constitución de la República, artículo 22, como en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, manifiestan los denunciantes en un comunicado de presa.
Quita alumbrado a EDENORTE
Denuncian que el contrato para el alumbrado eléctrico, de octubre del 2017, se hizo aplicando «prácticas restrictivas a la libre competencia» que impidieron la participación de las empresas ESC Group, SRL y Grupo Cobsol SRL, y se validó como único ofertante a Servicios Electromecánicos Integrados (SEISA SRL), de reciente formación y costos por encima de los existentes en el mercado.
El mantenimiento de la iluminación pública es responsabilidad de la estatal Edenorte, que no valida las bombillas LED que se instalan por «considerar que no cumplen con la calidad y especificaciones técnicas», manifiestan en el comunicado.
Consideran que el contrato firmado con la empresa Constructora Pablo Yarull y Asoc s. S.R.L para delimitar y embellecer la Avenida Monumental, de mayo del 2017, es ilegal porque no fue aprobado en el Concejo de Regidores del Ayuntamiento, y tener recursos asignados para su ejecución en el presupuesto aprobado para ese año.
El Ayuntamiento ha hecho inversiones y recibido recursos con los que creó una flotilla de 15 camiones compactadores y 20 volteos, suficientes para recoger el 50% de la basura que produce la ciudad, pero sólo recupera el 14%, y nos preguntamos si es ineficiencia o una situación creada a propósito para aumentar la contratación de servicios privados, expresan.
Usurpa facultad del Ejecutivo
En agosto del 2016, al iniciar la gestión de Abel Martínez la Sala Capitular del Ayuntamiento declaró el municipio en Estado de Emergencia y Riesgo, y facultó al síndico a contratar servicios de recolección y aseo urbano, lo que la Constitución establece que es facultad exclusiva del Presidente de la República instituir el Estado de Emergencia y liberar las contratación de servicios del requisito de concurso público.
Según los denunciantes, la auditoria social al 2017, 2018 y 2019 (a noviembre) determinó que el gasto en bebidas, comidas, dietas y gastos de representación, «refleja un despilfarro total», distribuido así: $25,5 millones en el 2017; $25,5 en el 2018, y $22,8 a noviembre de 2019, que suman $73.8 millones, en perjuicio del pago de prestaciones laborales y el 4% que asigna la ley para programas educativos, de género y de salud.
Expresan que el Consejo Edilicio aprobó $1,660 millones para ejecución de obras pero sólo han invertido $413,5 millones, y los restantes $1,246,6 millones han desapareció de la cuenta de inversión sin que se establezca en que han sido utilizados y en qué momento fue aprobada la reestructuración del presupuesto.
La Alcaldía canceló 3 mil 978 empleados a los cuales debió pagar prestaciones que ascienden a $253,9 millones, pero sólo ha pagado $13,7 millones a un 5.4% de los cancelados y quedan pendientes otros 3,762 a quienes se adeuda $240,2 millones, manifiestan.
“Esto a pesar de que el Concejo de Regidores aprobó 84,6 millones pero la Alcaldía $58,2 millones 62,083.00 para gastos de bebida, comida, representación y recolección de los desechos sólidos”, dicen.
Según los políticos en oposición, centenas de los cancelados, sometieron a la Alcaldía de Santiago, para el Pago de sus Prestaciones Laborales, condenando los tribunales a la alcaldía de Santiago al pago de sus prestaciones, el Alcalde se ha negado a pagar y durante los últimos 2 años los Tribunales de Justicia de Santiago se han paralizado seguir conociendo los casos pendientes.
Como Partido Revolucionario Moderno del Municipio de Santiago solicitaron a la Controlaría General de la República y a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana intervenir al Ayuntamiento de Santiago y aplicar el régimen de consecuencia por las irregularidades documentadas.
Explicaron que la auditoria fue elaborada por la Comisión Técnica del PRM en Santiago y los datos citados han sido obtenidos de la página del ayuntamiento local en su portal de internet.
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