Santo Domingo (República Dominicana). El presidente Luis Abinader promulgó este lunes la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, marcando un antes y un después en la forma en que el Estado dominicano administra sus recursos.
Con esta ley, el Gobierno no sólo moderniza el sistema de compras públicas, sino que eleva el estándar de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en cada peso que se invierte desde el Estado.
En el acto, en la sede de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el mandatario aseguró que, con la firma y promulgación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, se da un paso firme y decisivo en la transformación del Estado dominicano que ha impulsado desde el primer día de su gestión, convencido de que los recursos públicos deben ser administrados con integridad, con responsabilidad y siempre al servicio del bienestar común.
«Hoy es un día importante para la República Dominicana. Un día en el que reafirmamos, con hechos y no solo con palabras, el compromiso inquebrantable de este gobierno con la transparencia, la eficiencia, la sostenibilidad y el fortalecimiento de nuestras instituciones», manifestó.
Expresó que su presencia aquí es también un mensaje claro de respaldo total a la labor de la DGCP como órgano rector y una muestra de confianza en que sabrán cumplir su misión con la altura y el compromiso que requiere el momento histórico.
«Pero más allá del marco legal, sabemos que una ley solo se convierte en realidad si cuenta con los medios para su implementación. Por eso, desde el gobierno nos comprometemos a dotar esta ley de los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para su efectiva aplicación. Porque queremos que sus principios de transparencia, eficiencia, equidad y rendición de cuentas se traduzcan en cada proceso de contratación, en cada obra adjudicada, en cada contrato firmado», destacó Abinader.
Y Agregó: «Esta ley es, además, una herramienta clave en la lucha contra la corrupción. Nos permite cerrar espacios a la discrecionalidad, fortalecer los mecanismos de control y garantizar condiciones más justas para todos los actores del sistema».
El jefe de Estado resaltó, además que, es una señal de confianza para los inversionistas, de garantía y de equidad para los suplidores y, sobre todo, es una esperanza concreta de mayor bienestar para cada ciudadano y ciudadana del país. “Porque detrás de cada contrato que se rige por esta ley hay una escuela, un hospital, una carretera, un programa social. Hay vidas que se transforman y comunidades que progresan”.
«La ley que hoy promulgamos representa un salto cualitativo en nuestra institucionalidad. Fortalece de manera significativa el rol de la Dirección General de Contrataciones Públicas, dotándola de más capacidades, de mayor independencia y de herramientas modernas de fiscalización, supervisión y control. Es una Dirección que ahora podrá actuar con la agilidad que demandan los nuevos tiempos y los nuevos retos», indicó el gobernante.
El presidente Abinader concluyó expresando que «gobernar con honestidad y eficiencia no es un eslogan: es una decisión firme de que cada peso del pueblo se invierta en el pueblo. Esa es la diferencia entre una administración cualquiera y un gobierno que tiene la intención de cambiar y de transformar. Y ese es el gobierno que somos; Uno eficiente, trasformador, con las reglas claras y con las manos limpias”.
De su lado, el director general de Contrataciones Públicas explicó que la nueva Ley de Contrataciones Públicas revoluciona el sistema con medidas concretas que asegurarán importantes mejoras, tales como: Más transparencia y trazabilidad: Cada proceso de compra será visible y auditable, desde el inicio hasta su ejecución.
Asimismo, régimen de consecuencias reales, al tiempo que se incorporan sanciones penales para prevenir y castigar irregularidades.
A través de esta ley se promueve la participación de MIPYMES y empresas lideradas por mujeres, con una reserva presupuestaria del 30%.
Al mismo tiempo, se implementan nuevas modalidades de contratación: Como convenios marco y licitaciones abreviadas, que agilizan y eficientizan los procesos.
Igualmente, se establece un marco de coordinación entre los órganos de prevención y persecución de la corrupción, como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Unidad Antifraude de la Contraloría, para asegurar un monitoreo continuo.
