Santo Domingo (República Dominicana).- El presidente Luis Abinader llamó hoy, ante el agravamiento de la crisis en Haití, «a un gran pacto de nación, para una política de Estado, firme, estratégica y uniforme que proteja y brinde confianza al pueblo dominicano».
El mandatario manifestó que la República Dominicana en todo lo relacionado con Haití y sus crisis, debe tener una posición unificada o del más amplio consenso.
«Debe enviar un solo mensaje, a partir de los postulados iniciales de la política exterior: no hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití; los problemas de Haití deben resolverse en Haití, mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida, que no excluya a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los que más deben y pueden, entre los países más desarrollados», expresó.
En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, en ocasión del 179 aniversario de la Independencia Nacional, el jefe de Estado expuso que uno de esos objetivos estratégicos que generan un amplio consenso es el de la construcción de la primera fase de una valla fronteriza.
De la cual, agregó, durante el pasado año 2022 se comenzaron a construir 54 kilómetros, en las zonas de mayor población y que estarán terminados el próximo mes de mayo.
«Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera, ni había manifestado tanta firmeza en nuestra política migratoria, en consonancia con los derechos humanos, pero sin titubeos a la hora de su aplicación», aseguró.
En ese sentido, informó, este pasado año se ejecutaron 171,000 deportaciones frente a las 85,000 realizadas en 2021, lo que supone un incremento del 102 %. En el 2019 las deportaciones fueron 67,400 y por poner los datos en perspectiva, en 2011 de 8,636.
El mandatario destacó que por primera vez están sometiendo a la justicia a los traficantes de migrantes y citó como ejemplo de esto, la Operación Frontera, conocida desde la pasada semana con diversos apresamientos y que manifestó, va a continuar sin contemplaciones.
«Quiero dejar claro que nuestra política migratoria la marca solo el gobierno dominicano y la ejecutaremos siempre en defensa de nuestra soberanía», advirtió.
Resaltó el importante impacto que ha tenido el activismo de República Dominicana en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a la situación haitiana.
Agregó que las posiciones expuestas por la representación dominicana en las asambleas de la ONU, en las sesiones del Consejo de Seguridad y en otros organismos internacionales han sido enfáticas sobre la necesidad de sentar las bases hacia una mayor ayuda para Haití y la creación de una fuerza internacional de apoyo a la Policía Nacional haitiana y de persecución a las bandas criminales que lo azotan.
«Nunca la situación de nuestro país vecino había sido tan dramática. Haití es hoy un país devastado por las crisis, con un Estado colapsado y una comunidad internacional que no actúa», sentenció Abinader.
Y agregó: «Por eso, les pido a todos responsabilidad para apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista y que lleguemos a un gran acuerdo nacional, a un pacto de país, que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime en la defensa y la protección de nuestra soberanía».
El jefe de Estado sostuvo que se deben adoptar compromisos con la formulación y ejecución de políticas de Estado eficaces y coherentes, tanto en materia de seguridad y defensa como de política exterior, en relación a la crisis de Haití.
Esto implicaría necesariamente, indicó, asumir una agenda de corto, mediano y largo plazo para enfrentar el proceso de desnacionalización de los mercados laborales y la sobrecarga de servicios públicos esenciales con sus efectos adversos sobre las condiciones de la población dominicana más vulnerable, tanto como el rezago de la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégicas que comprometen seriamente aspectos de la seguridad nacional.
En lo inmediato, propuso adoptar un mecanismo de consulta permanente, que no necesariamente debe ser formal, oficial y público, pero si debe ser confiable, efectivo y ágil, entre los actores políticos y nacionales principales, para asegurar que las decisiones importantes o sensibles relacionadas con la agenda de las relaciones insulares y sus vinculaciones con la agenda de poderes foráneos y organismos internacional tengan el más amplio consenso y las mayores garantías de implementación.
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