Dicen hay insuficiencia en el presupuesto para el proceso de formación de los funcionarios públicos.
Santo Domingo (República Dominicana).- Apenas un cuarto de los empleados públicos registrados en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública puede considerarse de carrera.
Así quedó evidenciado en la investigación “Evolución de la Carrera Administrativa y Especial en la República Dominicana: a 8 años de la entrada en vigencia de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)”, lo que es “insuficiente” a decir del director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel.
“A toda luz los datos expresan que apenas un cuarto de los empleados públicos registrados en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública puede considerarse de carrera, cuando los objetivos establecidos desde la Estrategia Nacional de Desarrollo a 8 años de su implementación marcan claramente una meta de que un 100 % de los empleados públicos fueran considerados de carrera, por lo que a un avance del 80 % del tiempo establecido estamos muy lejos de la meta”, destacó.
La investigación se realizó en el marco del proyecto Acción Ciudadana por una Administración Pública que Garantice los Derechos Humanos, ejecutada por Participación Ciudadana en alianza con Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad y Oxfam, con el financiamiento de la Unión Europea (UE).
El estudio revela además que, la precisión de los ingresos de empleados públicos por concurso a la carrera administrativa se ve altamente afectada por la falta de datos estadísticos específicos para varios años, así como también, no se encuentran disponibles datos precisos que permitan determinar si los ingresos a carrera administrativa por concurso fueron aperturados para concurso externo.
Otras irregularidades verificadas es la insuficiencia del presupuesto para el proceso de formación de los funcionarios públicos, así como, el hecho de que no existe una coordinación entre todas las instituciones de formación y capacitación,
Lo que hace que exista insuficiencia, dispersión y duplicidad de muchos procesos de formación”, manifiesta.
Indica que al realizar entrevistas a los funcionarios en las diferentes escuelas de formación, encontraron la inexistencia un protocolo de inducción para los funcionarios de nuevo ingreso, lo que dificultad la incorporación a sus funciones y ralentiza el servicio que está llamado a ofrecer.
Plantea que tras el vencimiento del plazo en 2015 para que los funcionarios públicos ingresaran a la Carrera Administrativa por evaluación interna, se debe sincerar la cantidad de funcionarios que no cumplen con la formación profesional de carrera y establecer los criterios para que cumplan este requerimiento.
Propone indagar sobre la decisión del Ministerio de la Administración Pública (MAP) de suspender la aplicación de la Carrera Administrativa desde el año 2013 hasta la fecha, por ser una violación flagrante a la Ley 41-08 y la END, que afecta derechos constitucionales y legales a decenas de miles de servidores públicos.
Proponen modificar la Ley 41-08 de Función Pública para adecuarla a los tiempos que actualmente corren, sincerando las metas establecidas e incluyendo aspectos importantes como la inclusión de los empleados de servicios generales, que constituyen un tercio de los empleados públicos.
“Desde Participación Ciudadana, entendemos que hoy más que nunca es necesario cumplir con el mandato de la Ley 41-08, respecto al fortalecimiento de la carrera administrativa, que garantice estabilidad al funcionario, y en consecuencia esto generará un mayor compromiso de los funcionarios públicos en sus funciones, así como una mejora en la calidad de los servicios públicos”, expresó Pimentel.
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