Unas 141 personas de 336 inscritas han sido evaluadas desde el martes 29 de septiembre hasta el viernes 9 de octubre, para ser uno de los diez miembros (5 titulares y 5 suplentes) de la Junta Central Electoral.
Y dentro de esas 141 personas, se han destapado algunos casos particulares, entre los aspirantes entrevistados por la comisión del Senado a cargo de la escogencia de los nuevos miembros del organismo.
Mueve a mucha inquietud el hecho de ver a tantas personas aspirando a ocupar esa posición, sobre todo tomando en cuenta que algunos concursantes militan en partidos políticos y como tales no deben ser parte de la Junta Central Electoral porque se convierten en juez y parte en un proceso de sufragio.
Incluso, uno renunció a su militancia en el Partido Revolucionario Moderno, o pidió una licencia, para aspirar a ese puesto. Él fue miembro de ese tribunal electoral y ahora pretende volver. Otro es parte de la matrícula del Comité Central del PLD. ¿Se puede decir que actuarán con independencia o debemos confiar en hombres con esas condiciones? Evidentemente, no será así.
Entiendo que tal vez estén motivados por los beneficios financieros que obtendrían (que son muy buenos), pero en el fondo imperan razones políticas.
La actual Junta Central Electoral está desacreditada y se comenta que a sus miembros les atribuyeron recibir instrucciones desde la cúpula del anterior gobierno para beneficiar a sus candidatos municipales y presidenciales o sencillamente hacer manipulaciones técnicas perversas en la estructura informática. Esa idea está almacena en la mente de los dominicanos honestos y no será fácil de extirpar, al menos en años.
Aún están vivos los ingratos momentos causados al país por el Pleno de esa institución cuando decidió suspender, el domingo 16 de febrero, el proceso de las Elecciones Ordinarias Municipales, debido a inconvenientes presentados con las boletas automatizadas en las comunidades nacionales con esa modalidad del voto.
Ese desatino se quiso enmendar con argumentos infantiles de que el proceso de clonado en los equipos “estaba bien”, al igual que el padrón que corresponde a cada colegio electoral, pero que “más o menos de la mitad de las boletas automatizadas no se conformó completa”.
Por más explicaciones que dieron los integrantes del órgano rector de elecciones, tratando de justificar ese colapso, nadie les creyó. Su reputación se hundió más en el lodo cuando una comisión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) atribuyó a una serie de “fallas técnicas y deficientes controles de calidad” las razones que impidieron el correcto funcionamiento de los equipos para el voto automatizado, lo que obligó a la suspensión de las consultas.
De acuerdo a esa comisión, “la ejecución de un proceso de personalización de urnas carente de un adecuado control de integridad de la información (debido a un defecto del software)”, fue la causa raíz del primer incidente, que desencadenó en una sucesión de acciones e imprecisiones que derivaron finalmente en esa anomalía.
Significa que el defecto no se detectó durante la fase de prueba, debido a que no se realizó un adecuado testing del software. Ya durante la personalización de las urnas, se materializó la falla, puesto que al no contar con el control de integridad, dicho proceso permitió personalizar urnas con la oferta electoral incompleta (no incluía a todos los candidatos).
¿Por qué no se realizaron las pruebas? ¿Quién intervino para que no se hicieran o por mandato de quién? ¿Por qué algunos miembros del pleno no fueron informados de lo que estaba ocurriendo?
En las entrevistas con los aspirantes a miembros de la JCE surgieron algunas revelaciones que destapan la famosa caja de pandora y ponen al tanto a la sociedad dominicana de lo que realmente sucedió con el aplazamiento de esas elecciones.
El primero en la lista y en revelar detalles, fue Luis García, actual miembro suplente, quien dijo que ese fallo en el proceso electoral se dio por “inobservancias” del pleno de la entidad.
Unos días después, específicamente el lunes 5 de octubre, Carmen Imbert Brugal, actualmente miembro titular de la JCE y Mario Núñez, director de Elecciones de ese órgano, arrojaron luces respecto a la fracasada consulta popular.
Imbert Brugal, una abogada con amplios conocimientos de la historia y la cultura, manifestó que las votaciones fueron abortadas por una serie de actitudes que describió como “autosuficientes y arrogantes” al tiempo de volver a reiterar que a ella nunca se le informó sobre los problemas que estaban presentando los equipos del voto automatizado el sábado, previo al proceso electoral.
Mientras que Mario Núñez, quien aparentemente tenía más conocimientos sobre lo sucedido el día antes de la jornada, reveló que se enteró del caso junto a algunos miembros del pleno de la JCE, pero no dijo nombres. Es decir, nadie estaba enterado. Vaya forma de burlarse de la inteligencia del pueblo.
Más adelante también fue entrevistada Rosario Altagracia Graciano, miembro actual de la JCE, quien dejó entrever que ella tampoco había sido informada sobre los problemas que presentaron los equipos del voto automatizado el día antes, y que dudaba sobre si el presidente de ese órgano, Julio César Castaños Guzmán, tenía conocimiento de ello.
¿Por qué lo informan ahora y no antes? Lo razonable es que para ser parte esa institución sean escogidas personas sin militancia política, preferiblemente de la sociedad civil. El problema es que algunos de esos movimientos también responden a intereses políticos, de manera que tampoco son confiables. Lo ideal es que sean gentes independientes de los partidos, cosa que dudamos.
A fin de cuentas, el Senado de la República se impondrá y en complicidad con las fuerzas políticas del Congreso Nacional seleccionarán a los miembros de la JCE que convengan a sus intereses, como ha ocurrido siempre.
Continuaremos viendo a un organismo de elecciones alimentado en términos financieros por el Poder Ejecutivo y manipulado desde las altas instancias de las organizaciones políticas y desde el espectro empresarial (ellos también tienen sus candidatos).
Comoquiera estamos a merced de los mercaderes de la política. Estamos jodidos. !Qué pena! !Pobre Patria mía!-
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
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