Santo Domingo (República Dominicana).- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exhortó este lunes al presidente de la República a instruir una investigación integral, pública y con cronograma definido sobre todos los procesos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) desde 2021 hasta la fecha.
Según la organización política, la magnitud del presupuesto de la institución —que en 2025 asciende a 40 mil millones de pesos, superando el de 18 entidades juntas— exige un manejo ejemplar y libre de cuestionamientos.
En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el PLD señala que, en 2021, durante el proceso de licitación del almuerzo escolar, esa entidad adjudicó de manera irregular contratos a más de 1,260 proveedores.
Aseguró que ninguna licitación del INABIE en los últimos cuatro años ha estado exenta de denuncias: contratos otorgados a suplidores sin requisitos, exclusiones arbitrarias de centros educativos, pagos indebidos y hasta supuestos cobros ilegales para garantizar adjudicaciones.
Al mismo tiempo señaló que tanto la Dirección de Contrataciones Públicas como la Contraloría General de la República han documentado irregularidades en procesos de compras de alimentos, mochilas, uniformes y calzados escolares por montos que superan los seis mil millones de pesos.
El partido advirtió que no se trata de rumores ni de especulaciones, sino de hechos sustentados en informes oficiales, resoluciones anuladas y expedientes remitidos al Ministerio Público. “Cada irregularidad significa escuelas que arrancan el año sin la utilería a tiempo, suplidores quebrados y, sobre todo, niños que dejan de recibir la alimentación a la que tienen derecho”, denunció la organización.
El PLD subrayó que el INABIE necesita medidas urgentes para recuperar la confianza pública. En ese sentido, propuso fortalecer los controles internos y la supervisión en cada fase de las licitaciones, al tiempo de garantizar que todos los procesos tengan trazabilidad digital para una auditoría transparente.
También planteó la necesidad de establecer mecanismos que aseguren pagos oportunos a las Mipymes suplidoras, verificaciones rigurosas de las plantas físicas de los oferentes, así como la eliminación de intermediaciones que encarecen los contratos.
De igual modo, llamó a proteger a los denunciantes de posibles represalias y a instaurar una cultura institucional de cero tolerancias a la corrupción. “El país no puede seguir normalizando que la sombra de la corrupción opaque programas tan sensibles como el de alimentación escolar”, enfatizaron los dirigentes.
