Santo Domingo (República Dominicana).- El presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba, opinó que la imposición del expresidente Danilo Medina Sánchez y la cúpula del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sitúa a esa organización en la imposibilidad de oficializar a tiempo un candidato presidencial propio de cara a las elecciones generales a celebrarse en el 2024.
Peña Guaba consideró que lo que ocurre a lo interno de la entidad es debido a que la cúpula (Comité Político) “trató de hacerse un traje a la medida, con la única intención de quedarse en el poder en el 2020 y lo único que consiguieron fue perder las elecciones en todos los niveles de elección”.
En un artículo publicado en el periódico digital Precisión (precision.com), bajo el título “Las apresuradas leyes de Danilo”, el dirigente político indicó que la imposibilidad de tener su candidato presidencial a tiempo, “saca de la ecuación electoral y de la competencia en el nivel presidencial a ese partido”, porque la polarización para el 2024 será solo entre el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo, presidida esta última por el ex gobernante Leonel Fernández.
Peña Guaba precisó que el PLD debería tener la opción de escoger su abanderado presidencial para las próximas elecciones cuando le conviniese, pero que no lo tenga “es producto de la tozudez y la acción supina de los anteriores inquilinos de la mansión de Gazcue, que no podrán echarle en esta ocasión culpa alguna de su desgracia por la exclusión de la competencia presidencial para los próximos comicios, ni a la Junta Central Electoral, ni al gobierno, mucho menos al PRM ni a la Fuerza del Pueblo, porque ellos mismo son los únicos o absolutos culpables porque al decir del pueblo fue con sus propias impuestas y desesperadas leyes electorales que perdieron los comicios en el 2020, y se encaminan a estar fuera del balotaje presidencial para mayo del 2024 porque es innegable el hecho de que estos estimados amigos afilaron cuchillo para su propia garganta”.
En la reflexión, el dirigente político que en 1994 pasó a dirigir al BIS, partido fundado por su padre José Francisco Peña Gómez, en 1989, manifiesta el respeto y la amistad que guarda con líderes peledeístas, y en especial Danilo Medina, y hace la observación que sus comentarios sobre temas electorales es fruto de la experiencia de más de 40 años en estas lides y no tiene la intención “de hacer daño alguno a la dirigencia y militancia del partido morado, más aquella que nace de la natural diferencia, de la diversidad de ideas y de la competencia democrática”.
Peña Guaba afirma que al leer un comunicado de la Junta Central Electoral (JCE) respecto a la consulta interna del PLD, observa que el establecido criterio del Pleno del órgano de comicios “sobre las claras debilidades legales” de esa actividad, y atribuye esa decisión, “a los errores estratégicos cometidos en el ayer desde el poder por mi amigo, el expresidente Medina y de su círculo más cercano, que quisieron hacerse un traje a la medida para buscar la reelección, pero como la prisa es plebeya, cometieron, por lograr apresuradamente su aprobación, todo tipo de yerros jurídicos, de los cuales mencionaré algunos a continuación”.
Entre los errores cometidos, según Peña Guaba, se impuso desde el poder de entonces, una fecha inamovible e intrincada condiciones para la elección de todos los candidatos/as, con la Ley Número 275-97 que hasta cierto punto era de libre determinación en tiempo de los partidos, sin embargo, se obligó con la Ley Número 33-18, que fueran todos escogidos a más tardar en el mes de octubre del año pre electoral, apenas unos pocos meses antes de las elecciones municipales, “con el fin de que la cercanía a los comicios les diera ventaja al gobierno para ganar las elecciones municipales, y con esa percepción triunfadora imponer en mayo a su candidato presidencial, y que su contendor, en este caso Leonel Fernández, no tuviese tiempo de actuar o de posicionarse electoralmente, las leyes electorales establecieron plazos fatales, con la imposibilidad de realizar las escogencias antes, fue obra del anillo palaciego, con la aquiescencia del amigo presidente Medina”.
Indica que todo lo que está en las leyes, tanto en la del Régimen Electoral como en la de Partidos Políticos que hoy tenemos, “fue hecho solo para beneficiar al proyecto reeleccionista de entonces y ese plan hecho a la medida le ha creado grandes dolores de cabeza al sistema de partidos, a las Altas Cortes, y, sobre todo, a los aspirantes a candidaturas porque las mismas están llenas de contradicciones, de artículos contrapuestos, que violan los derechos libérrimos de los ciudadanos, hecho por lo cual varios de esos articulados han sido declarados no conforme con la Carta Magna por el Tribunal Constitucional, constituyéndose en un verdadero adefesio jurídico, particularmente la Ley Núm. 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos”.
Apunta que de la decisión del tribunal rector de comicios “sobre la ilegal consulta solo tienen responsabilidad, de que ésta no tenga real valor jurídico, los que hicieron aprobar en el Congreso en el año 2018 ese mamotreto jurídico, por encima del criterio ciudadano y de la mayoría de las organizaciones políticas, que no puedan tener hoy un candidato presidencial formal y legal a tiempo, tanto los morados como todos los partidos políticos, porque eso fue obra de una parte de la cúpula del PLD, que impusieron esas iniciativas a sangre y fuego, por lo que hoy reciben una cucharada de su propia medicina”.
“La realidad es que esas mismas leyes también son la causante del divorcio de los morados con la casi totalidad de los partidos políticos, porque en las leyes actuales existe la intención aviesa de extinguirle la personería jurídica a todos los partidos minoritarios, estableciendo como condición para que estos la mantuviesen obtuvieran más de un 1% de los votos en sus respectivos recuadros, cosa casi imposible en un sistema pluripartidista y clientelar como el nuestro”, manifestó.
Peña Guaba asegura que el 80% de los recursos de la contribución económica que eroga el Estado dominicano a las organizaciones políticas van a parar a las finanzas de dos o tres partidos (los mayoritarios), “entonces era totalmente discriminatorio el exigirles de manera taxativa más de 60 mil votos por cada nivel de elección, para un total de 240 mil sufragios a un partido emergente, sin tener los necesarios recursos económicos disponibles y esta urdimbre liquidacionista del sistema de partidos no se concretó, siendo sinceros, por la gallarda decisión que por medio de una resolución aplicó el principio constitucional de favorabilidad en beneficio de los partidos políticos antes de marcharse, el Pleno de la JCE, que presidía mi amigo el doctor Castaños Guzmán”.
Afirma que a sabiendas que existían 27 partidos políticos reconocidos por ante la JCE, se apostó por cerrarle la oportunidad de acuerdos a la mayoría de los partidos políticos, estableciendo solo un 20% como tope de candidaturas para las alianzas, lo que hacía muy intrincada la realización de las mismas por la limitante de espacios para acordar con tantas organizaciones, y así constituir una coalición electoral, esa misma forzada ley cuya aprobación fue realizada buscando solo garantizar la reelección presidencial.
Agregó que el dolor de cabeza mayor lo tiene la Junta Central Electoral que ha pedido en varias ocasiones reformar prontamente las leyes electorales para poder garantizar eficiencia y total transparencia en los resultados para los comicios municipales de febrero, y las legislativas y presidenciales en mayo, “por las múltiples disquisiciones que hay en estás que le imposibilitan organizarlas con asegurado éxito sin que se tengan posibles y difíciles inconvenientes”.
“Lo peor de todo es que gracias a los del gobierno anterior, tenemos una ley que no nos sirve y que será ahora honestamente difícil de reformar en consenso, porque hemos esperado demasiado para actualizarla, y penosamente entraron en juego ya los intereses electorales de los grandes partidos, en donde existen algunos que piensan que tal vez no le es conveniente la reforma y apuestan a que el caos organizativo en los procesos de selección y elección de candidatos, para los próximos comicios como se avizora, tal vez, les beneficie”, dijo el presidente del BIS.
Explicó que el derecho libérrimo que tiene el PLD para escoger a tiempo su candidato presidencial “no debería tener traba alguna, pero fue la ley impulsada por el danilismo la que estableció esta limitante, y no tiene pues opción la Junta Central Electoral el no reconocer como válida o legal la llamada consulta de los morados”.
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