Santo Domingo (República Dominicana).- El coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, doctor Erick Hernández Machado, planteó que en la reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader debe reducirse de 190 a 110 la matrícula de miembros en la Cámara de Diputados, celebrarse elecciones separadas cada dos años y aprobar 70 leyes pendientes por mandato de la Carta Magna.
Hernández Machado considera que la reforma constitucional fortalecería el proceso institucional del país, por lo que es necesario emprenderla.
«Donde quiera que la Constitución dice bajo reservas del desarrollo por la ley que corresponda, en la Constitución hay unas 70 situaciones que hay leyes pendientes por desarrollar», observó el coordinador general de Participación Ciudadana entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa «Esferas de Poder», que se transmite los domingos por RNN Canal 27.
Aseguró que con la reforma constitucional deben iniciarse una serie de cambios que se necesitan en el país, porque es la plataforma para actualizar muchas leyes vigentes y aprobar otras que están pendientes. «Incluso, de las disposiciones transitorias que se han conceptualizado está la de dar un plazo de cuatro años al Congreso para que cumpla con todas las leyes programáticas de la Constitución que desde el 2010 a la fecha no se ha realizado».
Entiende que eso es un reconocimiento de que el país debe avanzar y desarrollar esas leyes, que constituyen el sostenimiento económico del país.
Hernández Machado planteó que con una matrícula de 110 diputados, bajo la premisa de que cada legislador representará aproximadamente 95.000 habitantes, se traduce que la mayoría de las provincias tendrían dos legisladores.
No obstante, dijo que el mayor número de diputados por habitantes lo tendrían la provincia de Santo Domingo, con 28, el Distrito Nacional se quedaría con 10, mientras que San Cristóbal, La Vega y otras alcanzarían una cantidad importante, entre cinco y siete.
«La posición institucional de Participación Ciudadana es que debe volver el sistema de elecciones separadas, elecciones cada dos años, por un lado, las presidenciales y congresuales, y dos años después las municipales», argumentó.
Expuso que el criterio está basado en eliminar el arrastre y de mejorar la representatividad de los candidatos municipales, que tienen en su proselitismo ganarse sus propias votaciones.
Hernández Machado entiende que la posible unificación conllevaría un importante tema económico, con respecto a la responsabilidad que tiene el Estado dominicano sobre el particular.
«La Junta Central Electoral, en el último reporte da cuenta que las elecciones pasadas costaron más de RD$8,000 millones», precisó y consideró que si se unifican las elecciones a todos los niveles, la JCE estará llamada a aumentar su personal para tratar de mantener los resultados de las elecciones como lo ha venido haciendo, de la manera más pronta posible.
Sin embargo, dijo que eso significa una carga económica que la Junta tendría que evaluar, al igual que si vale la pena unificar los comicios y cuantificar si es una ventaja económica para la institución.
De otra parte, el coordinador general del movimiento Participación Ciudadana consideró que la derogación del Consejo Superior del Ministerio Público, en la propuesta de reforma constitucional que impulsa el presidente Luis Abinader, no cercena la carrera de los fiscales.
El activista de la sociedad civil entiende que la carrera del Ministerio Público, que se ha visto bastante robustecida, no tiene marcha atrás con una reforma constitucional.
«Pienso que no, debemos de estar atentos a los proyectos, pero ese paso de avance que tiene tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, de una carrera judicial podríamos decir bastante robustecida, eso no tiene marcha atrás», significó.
Hernández Machado expuso que el anteproyecto de reforma a la Carta Magna prevé la derogación del Consejo Superior del Ministerio Público para dar paso a aspectos legislativos que sean compatibles con el futuro Ministerio de Justicia.
El jurista sostuvo que se deberán transferir a ese ministerio muchas competencias que corresponden actualmente al Procurador General de la República, al Ministerio Público como ente indivisible y al Consejo Superior del Ministerio Público.
«La derogación del órgano en el texto constitucional implica que debe de legislarse de manera inmediata, conjuntamente con la creación del Ministerio de Justicia y robustecer a aún más la carrera, pero vía la Ley Orgánica», acotó Hernández Machado, que observó se debe esperar las propuestas legislativas sobre el particular porque toda esa labor estará bajo la vigilancia del Tribunal Constitucional.
En otro orden, el coordinador general del movimiento Participación Ciudadana advirtió que el 86% de los funcionarios municipales electos que tomaron posesión el 24 de abril no han cumplido con la disposición la Ley 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos.
Reveló que de 3.400 funcionarios municipales llamados a dar cumplimiento a la normativa un mes después de tomar posesión del cargo, 2,876 han dejado de hacerlo y solo han observado la legislación 524, que han presentado su declaración patrimonial.
