Santo Domingo (República Dominicana).- Participación Ciudadana (PC) expresó este martes su preocupación por el destino final que están teniendo de los casos de corrupción en el país.
A pesar del esfuerzo colectivo, todas las sentencias dadas a conocer en los últimos meses «han sembrado un profundo desconcierto y el temor de que la impunidad siga imponiéndose en el país», señaló en una nota.
PC se refirió a los sobornos de Odebrecht para lograr obras públicas en el país, así como en la compra de los aviones Súper Tucano, en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y en la venta de terrenos en el sector Los Tres Brazos.
Estos casos «tienen en común haber sido investigados y preparados los expedientes durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, caracterizada por el reinado de la impunidad», explicó PC en un comunicado.
Para el organismo, «las penas tan benignas y las declaraciones de inocencia que han sorprendido al país en los últimos meses evidencian lo difícil que es sancionar la corrupción en la República Dominicana».
Además, muestran «que hay mucho trabajo por hacer y mucha voluntad que aportar si se desea poner fin a la impunidad que sentó sus bases durante décadas en todas las instituciones llamadas a prevenir y sancionar la corrupción».
En el comunicado, Participación Ciudadana alertó de que se pretenden «frustrar» los esfuerzos anticorrupción «que se desarrollan con amplio apoyo popular».
«Esta embestida tiene varios frentes, las sentencias en los tribunales son solo uno, sin dejar de mencionar la lentitud y hasta paralización en el conocimiento de los casos, como el Antipulpo que, habiendo presentado acusación hace nueve meses, aún no ha iniciado la audiencia preliminar», añadió.
A este preocupante panorama se agregan los ataques a todos los organismos públicos encargados de la prevención y persecución de la corrupción, como lo son el Ministerio Público, la Contraloría General, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
«No queremos que ningún inocente sea condenado, pero tampoco que ningún culpable sea absuelto», dijo.
El Ministerio Público y la judicatura están llamados a jugar el rol histórico que les toca en momentos en que el país ha depositado sus esperanzas en una justicia independiente, transparente y bien administrada.
«Que el rigor de la ley caiga sobre todos por igual, sin consideraciones especiales para quienes, prevaliéndose del poder o influencias, hayan sustraído el dinero público», concluyó.
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