Por Jesús Dávila
San Juan, 9 may (INS).- Con la implantación por Puerto Rico de un “DOGE local”, esta colonia se suma a 26 estados republicanos de Estados Unidos que ya han implantando imitaciones al nuevo Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE, por sus siglas en inglés) y, además, a los seis que lo han hecho mediante orden ejecutiva.
La acción tomada por la gobernadora Jenniffer González, seguidora entusiasta del presidente Donald J. Trump, convierte a Puerto Rico en la única colonia que ha adoptado el sistema y la aleja todavía más de las posiciones críticas asumidas por las naciones indias estadounidenses.
Con su acción, se distancia todavía más de la congresista Alexandria Ocasio Cortés (D-NY), quien se ha convertido en la opositora más notable de Trump y reúne multitudes en diversos estados. En encuestas nacionales, su popularidad alcanza el 14 por ciento y ya publicaciones como Newsweek han comenzado a evaluar sus posibilidades para la candidatura presidencial demócrata en 2028.
Hasta ahora, Ocasio Cortés apoya la descolonización de Puerto Rico. Otro puertorriqueño muy famoso en EEUU, Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) rechaza también el coloniaje y advierte que Puerto Rico debe evitar caer en “lo que le pasó a Hawaii”.
La acción de la gobernadora González ni siquiera representa consenso en el Partido Nuevo Progresista (PNP), que preside, y su designación de la millonaria Verónica Ferraiuoli para dirigir la eficiencia y tecnología del gobierno no goza de mucho respaldo en esa formación política anexionista.
Ferraiuoli recibió la encomienda por orden ejecutiva luego de que fuera rechazada por el Senado de Puerto Rico para el cargo de Secretaria de Estado.
Fuera del PNP el ambiente para su acción es todavía más distante. Por ejemplo, se le oponen su principal crítico, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau —quien llegó en segundo lugar en los pasados comicios generales— y el nuevo comisionado residente y presidente del autonomista Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández.
Según un informe publicado en abril por el Economic Policy Institute (EPI), un centro de análisis de Washington muy influenciado por la central sindical AFL-CIO y otros sindicatos importantes, 26 estados, todos dominados por el partido republicano, han adoptado programas que imitan el DOGE.
De esos, los programas se establecieron mediante órdenes ejecutivas en Florida, New Hampshire, Louisiana, Oklahoma, Iowa y Montana, en tanto que en Louisiana y Oklahoma se designó en su dirección a aliados políticos sin paga, lo que hace todavía más difícil que los cuerpos electos o de ética les puedan pedir cuentas.
El informe del EPI destaca que los DOGE locales, además de ser medidas para congraciarse con la dirección actual del gobierno federal, tienen poca novedad, puesto que se trata mayormente de ponerle un nombre nuevo y algunos elementos adicionales a lo que ha sido la agenda por muchos años de las derechas de dichas jurisdicciones.
En prácticamente todos los lugares, según ha constatado la agencia NCM Noticias, se trata de esfuerzos para reducir los puestos de trabajo, eliminación de conquistas sociales y laborales, hasta el uso en algunas jurisdicciones de tecnologías como la inteligencia artificial para supervisar las cuentas públicas.
La situación económica y política de Puerto Rico complican cualquier cálculo certero de lo que podría lograr Ferrauioli a cargo del programa de eficiencia en esta pequeña nación isleña del noreste del Caribe, colonia de EEUU desde 1898.
Con la economía en quiebra, la infraestructura destartalada y una deuda impagable de miles de millones de dólares, desde 2016 está sometida a una junta de control no electa impuesta por Washington, que decide los presupuestos y tiene el poder de autorizar o detener cualquier reforma o gasto de dinero.
El proceso para establecer dicha junta de control se basó en decisiones del Tribunal Supremo de EEUU, que, entre otras cosas, apuntalaron la jurisprudencia de que Puerto Rico —que pertenece a, pero no forma parte de EEUU— nunca ha sido una nación y tiene menos soberanía de la que se reconoce a las tribus indígenas. Así las cosas, el régimen autonómico denominado Estado Libre Asociado, queda totalmente bajo los poderes plenarios del Congreso y no tiene ningún nivel de soberanía que se reconoce a los estados de la Unión.
Otro aspecto incierto de la gestión que pueda hacer Ferraiuoli es que Puerto Rico tiene un nivel de dependencia muy alto de las transferencias anuales de EEUU, que están en proceso de reducirse drásticamente por las órdenes ejecutivas del presidente Trump, las acciones del DOGE real de Washington y las medidas bajo evaluación en el Congreso.
En las demás colonias estadounidenses, el tema del DOGE es todavía un asunto bajo discusión, aunque hay algunos casos en los que se comienzan a escuchar llamados para que se adopten programas y enfoques similares. Esos casos son evidenciados por escritos publicados en el periódico The Virgin Islands Daily News y el Pacific Island Times, en el que su editora Mar Vic Gaguangan, planteó que Guam debe “DOGE-isarse”.
La discusión pública es todavía más distinta en las naciones indígenas existentes dentro de EEUU. Entre otros, el Tribal Business News consigna muchas preocupaciones por los efectos negativos del DOGE en la financiación de oficinas y servicios vitales para las llamadas reservaciones indias.
La visión crítica de la situación de los tratados y las naciones indias llega hasta el caso radical, en Oregón, donde el Underscore Native News entrevistó, a principios de abril, a la abogada Molly Washington, una N´dee/Apache méxico-americana, quien lleva años trabajando un esfuerzo de “descolonización” de las naciones indias a través del derecho. Para ella, que durante años combinó su trabajo de abogada de día y mesera de noche, la descolonización de las naciones indias es vital porque el estado legal imperante es una imposición contra los indígenas.
“Me guío por mis ancestros y le pido casi todos los días al Creador que ilumine mi ruta y después la camino sin hacer preguntas”, dijo la abogada, cuyo bufete, que logró establecer recientemente en Oregón, reúne abogados indios procedentes de diversas tribus. INS
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