Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 3 dic (INS).- Adecentar la política criolla y la gobernanza de Puerto Rico, tanto estatal como municipal, se ha convertido en un imperativo, tras lo proliferación de casos de corrupción en el territorio isleño.
Lo que el más reciente caso de Cataño demuestra es que tan dañinos son los políticos corruptos, como los empresarios que incitan y fomentan la corruptela. Es un mal que transcurre en direcciones opuestas y tiene un punto de encuentro entre los políticos corruptos y los empresarios que corrompen.
Ese empeño por adecentar la política y la gobernanza estatal y municipal tiene que convertir ese punto de encuentro entre políticos y empresarios en uno de colisión; en un punto de choque, ya sea cuando el político insinúa un acto de corrupción que el empresario honesto rechaza, o cuando el empresario promotor de la corruptela recibe el rechazo del político con integridad ética y moral.
Tal punto de encuentro transaccional de ofrecimiento de bienes y servicios por la empresa privada y adquisición de ellos por parte del gobierno para una buena gobernanza tiene que estar enmarcado en un ambiente de limpidez, transparencia y pulcritud para que no culmine en acusaciones criminales por parte de las autoridades, especialmente federales en el caso de Puerto Rico.
Esa injerencia de la empresa privada en la gobernanza estatal y municipal con su ofrecimiento de bienes y servicios para beneficio directo de la ciudadanía tiene que estar guiada por la ética del buen empresarismo y de la sana y correcta administración gubernamental.
Waste Collection y J.R. Asphalt están pagando el precio del descubrimiento de sus actos de corruptelas en Cataño con su exalcalde Félix “el Cano” Delgado, tras otros municipios y agencias del gobierno estatal rescindírseles los contratos que tenían con ambas empresas inmediatamente después que se dio a conocer los arrestos y acusaciones de las autoridades federales relacionadas con el caso, en una acción esperada de distanciarse de los corruptores.
Este debe convertirse en el mejor referente para convencerse de que es la ética del buen empresarismo y de la sana administración gubernamental las normas de conductas que deben regir los acercamientos transaccionales de negocios entre la empresa privada y el gobierno, tanto estatal como municipal. INS
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