Santo Domingo (República Dominicana).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia resaltó la necesidad de de resolver “entre todos” los desafíos que por décadas tiene el sistema judicial, como la situación de más de 16,000 personas privadas de libertad sin juicio ni condena.
Con ocasión de la celebración del Día del Poder Judicial, Luis Henry Molina reconoció que ese es un tema a afrontarse “con valentía, sumando esfuerzos, mejorando la coordinación, fortaleciendo cada una de las instituciones y, sobre todo, fomentando la confianza y el respeto hacia cada uno de los actores del sistema de justicia”.
Al pronunciar el discurso en la Audiencia Solemne de la Alta Corte, el magistrado reconoció que la imposición de prisión preventiva como medida de coerción es un problema arrastrado desde hace varias décadas y que el objetivo no debe ser ese “sino servir justicia, con prontitud y apego al Estado de Derecho”.
El magistrado Presidente destacó la labor de los jueces quienes, dijo, deben ser “ser orgullo del país” porque responsablemente toman decisiones que sus conciencias les dictan, “a veces difíciles e impopulares, pero siempre buscando el apego a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, a la Constitución y la Ley”.
Subrayó que, en sus tres años de gestión, la justicia avanza con una visión diseñada para responder a las exigencias de la sociedad de estos tiempos basada en los pilares de cero mora, 100 % acceso y 100 % transparencia.
Explicó que fruto del trabajo en consenso para 2022 se logró resolver el ciento por ciento de los expedientes pendientes de audiencia y fallo apoderados antes de 2019 por la Segunda Sala, Tercera Sala, Pleno y Salas Reunidas y que solo la Primera Sala, que reportaba mayor mora por ser también la de mayor volumen de trabajo, dejó resuelto el 73 % de los expedientes.
“Es oportuno reconocer a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que, con disciplina jurisdiccional y apego al cumplimiento de plazos procesales, han establecido el modelo para dejar atrás la mora judicial, un problema que parecía invencible. Este proceder ha impactado en una nueva cultura de trabajo, que está dando resultados en los distintos departamentos judiciales. Esta nueva cultura llevará la justicia al día a todo el país”, dijo.
En lo relativo al acceso expresó que se avanza hacia una administración de justicia sensible a las diferencias y vulnerabilidades de quienes demandan esos servicios, promoviendo un trato digno preferencial, eliminando barreras y capacitando para evitar la revictimización.
Dijo que en el país se satura el sistema de justicia penal porque llegan a juicio 87 de cada 100 casos, lo que “es insostenible” por lo que considera se deben potenciar vías alternas para pasar del 13 % que hoy se resuelve sin llegar a juicio, a la solución del 80 % acordando la sanción en la etapa de la instrucción.
“Para lograrlo, actualmente se encuentra en consulta pública el reglamento de Resolución Alternativa de Conflictos. Es un gran reto que nos compromete a todos los actores del sistema”, explicó.
Con relación a la transparencia resaltó que los avances posibilitaron posible al Poder Judicial obtener hasta 99.75% en el índice del portal de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Explicó que el objetivo es que la justicia se acerque y se adapte cada vez más a las personas, a sus necesidades y contribuya a la paz y la estabilidad e impulse el desarrollo del país y para ello en la segunda mitad de su gestión ese será el rumbo que transitarán.
“Un camino que incluye pasos clave, como la incorporación de la Ley orgánica de eficiencia procesal y ejecución. Necesaria para mejorar y simplificar los procedimientos en el trámite de casos en las distintas materias, desde que entra el caso, hasta que se ejecuta la decisión”, manifestó.
En su intervención, destacó el respaldo del presidente Abinader y el esfuerzo de los presidentes de ambas cámaras legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco para la aprobación y promulgación de la Ley de uso de medios digitales.
“Gracias a todos y todas, por hacer realidad esta ley que ya ha hecho posible, entre otras cosas, agilizar decisiones y mejorar la seguridad mediante la firma digital. Esta ley es el puente entre la justicia del pasado y el futuro de la justicia”, manifestó.
Molina Peña Indicó que con esa legislación el país dio otro gran paso, porque las tecnologías son un soporte extraordinario para reducir la congestión de los tribunales.
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