Santo Domingo (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a la juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejo del caso que siguen en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora).
También, contra el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Inicialmente, la misma medida fue solicitada contra el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, pero luego que el encartado declarara en el tribunal de manera amplia y detallada sobre cómo operaba la red de corrupción que distrajo millones de pesos del erario, el Ministerio Público decidió variar la solicitud por arresto domiciliario.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso afirmó este viernes que son más que suficientes las evidencias con que cuenta el Ministerio Público para que se imponga medidas de coerción en contra de los procesados por su vinculación a la red de corrupción desmantelada el pasado mes de abril con la Operación Coral.
Dijo que las pruebas presentadas sustentan los hechos que son sumamente graves.
“El Ministerio Público, incluso, decía en el tribunal y reitera que todas las declaraciones que dio Raúl Girón el Ministerio Público tiene pruebas en sus manos”, dijo a periodistas a la salida del tribunal, luego que fuera aplazada la audiencia para dar el fallo el próximo lunes.
Detalló que en el transcurso de las horas observanron y analizaron las evidencias, “y, quizás, o sin quizás: es uno de los casos que más pruebas contundentes tiene el Ministerio Público y hemos dicho que en su debido momento la iremos presentando”.
Con relación a preguntas de la prensa, sobre si hubo negociación con el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez a propósito de sus declaraciones, la magistrada explicó que el Ministerio Público en el transcurso de una investigación aplica las medidas procesales que el Código Procesal Penal les permite.
En ese sentido, resaltó que el Ministerio Público hizo uso de esas medidas procesales.
En torno a preguntas relacionadas a cuestionamientos de los imputados a las pruebas, dijo que “los imputados pueden decir lo que quieran, pero las pruebas están, las tenemos, los mensajes, todos los archivos, las fotografías; todo está en manos del Ministerio Público”.
Reynoso precisó que el Ministerio Público presenta las pruebas conforme a la estrategia del caso.
Respecto a la variación de la medida para Girón, declaró que la medida solicitada es la que se corresponde con la responsabilidad asumida por el imputado y con las garantías que se debe en el proceso.
La procuradora adjunta reiteró que de todas las afirmaciones (hechas por el imputado) tienen las pruebas.
De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien también respondió preguntas de periodistas que cubren el proceso, dijo que los documentos que la defensa aportó en esta medida de coerción no son más que un fraude procesal.
“Son documentos que el Ministerio Público ha determinado que muchos de ellos son documentos alterados, documentos sin firmas de notarios y de las partes; eso es lo que ha aportado la defensa para este caso y eso es un fraude procesal”, apuntó.
El propio imputado Girón Jiménez confesó al tribunal que los imputados se auxiliaron de abogados para alterar documentos luego de que el Ministerio Público iniciara la investigación.
Los magistrados Reynoso y Camacho encabezan el equipo que representa al Ministerio Público en el proceso. Además, forman parte los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
El grupo es procesado por acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para dar el fallo el próximo lunes 10 de mayo, a las 11:00 de la mañana.
Los imputados en el Caso Coral fueron apresados el pasado mes de abril durante 27 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y diferentes provincias del país.
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