Santo Domingo (República Dominicana).- La titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán Álvarez, destacó este viernes que en lo que va de año han logrado rescatar a 95 mujeres de diferentes nacionalidades víctimas de trata de personas, incluyendo menores de edad, como resultado de las estrategias implementadas para combatir ese delito en el país.
Bejarán Álvarez expuso sobre los logros alcanzados en el combate de ese flagelo al participar en una actividad en el Ministerio de Relaciones Exteriores en ocasión de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas este próximo 30 de julio.
La magistrada aseguró que trabajan en tres ejes, que son: la prevención, la persecución y protección, destacando que la “prevención es considerada como la mejor estrategia para combatir la trata de personas”.
Explicó que la prevención incluye campañas de sensibilización, mesas de trabajo junto al Ministerio de Trabajo para la prevención contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en zonas turísticas. También, la mesa de trabajo de la Dirección Nacional contra el Trabajo Infantil.
Bejarán Álvarez citó entre las campañas “No sabía que era menor”, No hay excusas; “Aunque algunos hombres ven a una mujer, una niña siempre es una niña”. Pagarle por sexo es un delito, y “No te dejes llevar”, en las cuales el Ministerio Público ha contado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).
Además, señaló que en las labores de persecución dirigen las investigaciones relacionadas a este tipo penal, desarrollan modelos operativos de investigación, ejercen la acción penal y proveen a las víctimas recursos que faciliten su acceso a la justicia y formar parte del proceso judicial (si así lo desean), además de ofrecerle asistencia en dichos procesos judiciales.
Refirió que un estudio de prevalencia realizado por International Justice Mission (IJM) en 2022 presentó una reducción porcentual de 78% de la prevalencia respecto al 2014.
En ese mismo orden, citó que el Ministerio Público trabajó 11 veces más casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y trata de personas con fines de explotación sexual, además de que hubo siete veces más casos con arrestos y cinco veces más casos con acusación. Además, resaltó que, de dos casos con condena, el Ministerio Público ha registrado 28 entre 2014 al 2021.
Respecto a la protección, Bejarán Álvarez detalló que trabajan para garantizar asistencia centrada en la persona, garantizando el cumplimiento del cuidado informado del trauma, además de que luchan para lograr restituciones de derecho y para la reconstrucción de los proyectos de vida de cada una de las personas que se logra impactar con la asistencia integral de las víctimas.
Yoanna Bejarán Álvarez en su disertación señaló como oportunidades de mejoras, la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, designación de mayor cantidad de recursos económicos y humanos, fortalecer la coordinación interinstitucional, disminución de la victimización, creación de hogares de paso para niños, niñas y adolescentes, mayor sensibilización de la sociedad civil y capacitación continua de los actores del sistema y lograr la ejecución de las indemnizaciones a favor de la víctima.
Expuso que la trata de personas ocupa el tercer lugar de los delitos de criminalidad organizada más lucrativos en el mundo, superado solo por tráfico de armas y el narcotráfico.
Sobre quiénes pueden ser víctimas de trata, la representante del Ministerio Público “destacó que es un crimen que afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, que bajo promesas falsas de mejores ingresos salariales y una mejor calidad de vida, son trasladadas a otras ciudades o al extranjero, en donde son explotadas sexual o laboralmente.
Indicó como los elementos de ese delito, la pobreza, las desigualdades, familias disfuncionales, carencia de protección infantil, bajo nivel educativo, entornos de violencia, falta de oportunidades y falta de apoyo.
