Santo Domingo (República Dominicana).- El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Mérido Torres, informó que solicitó una licencia del cargo que ocupa al presidente Luis Abinader, a los fines de demostrar que su inocencia ante los señalamientos que calificó de difamatorios.
El nombre de Torres ha salido a relucir en el expediente de solicitud de medida de coerción solicitada por el Ministerio Público del caso Calamar.
Dijo que solicitó la licencia al presidente Abinader con la finalidad de ir su oficina privada de abogados «a limpiar mi nombre y el honor de mi familia, el cual es innegociable para mí y para mi familia».
Torres informó que solicitó una cita la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y a la Procuradora General de la República, Mirian Germán Brito, a quienes les comunicará su disposición de ser investigado.
Denunció que ha sido víctima de una «campaña sucia, de difamación e injuria, por lo que anuncio que procederé legalmente en los tribunales contra quienes han mancillado mi buen nombre y nuestro honor, difamándome a mí y a mi familia».
Expresiones de Mérido Torres:
En virtud de que mi nombre ha sido mencionado en los medios de comunicaciones y redes sociales, queremos hacer de conocimiento público nuestra verdad sobre los supuestos hechos, en mi condición de abogado de los tribunales de la República; y como Director Ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, puesto que en nuestra vida pública y privada nos hemos manejado con total transparencia y responsabilidad.
Quiero señalar, que, a nuestra llegada a la institución, se habían entregado 41 mil 185 certificados de títulos de propiedad durante 8 años, y en apenas 2 años y medio que llevamos como director ejecutivo ya hemos otorgado 53 mil certificados de títulos y tenemos 80,086 resultantes.
Pero, además, en el último informe realizado en el mes de febrero de 2023 por la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, recibimos una puntuación de 97,44 de 100, lo que demuestra que hemos trabajado apegado a las normativas de transparencia y ética en el Estado Dominicano.
En cuanto a que mi nombre se menciona en el caso Calamar, quiero aclarar lo siguiente: si es verdad que figura mi nombre, pero en calidad de abogado apoderado por la familia del señor Moisés Reyes o Ben, para que nuestra oficina privada llevará una demanda en Justiprecio en contra del Estado en el 2017, caso en el cual obtuvimos sentencia favorable para nuestros clientes en el Tribunal Superior Administrativo y el Estado procedió en 2020 a pagar a la familia que le habían expropiado los terrenos; y de la cual recibí el pago de mis honorarios profesionales como abogado.
Otros de los casos en que se menciona mi nombre es sobre una recuperación que realizó la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo en la avenida España, sobre un proceso judicial llevado por nuestro bufete de abogados, en el cual fui apoderado por las demandantes en fecha 21 de junio de 2016 y el 20 de febrero de 2017. El mismo fue realizado de acuerdo a los procedimientos legales, por lo que un informe hecho mediante una investigación de la Dirección de Ética Gubernamental, en virtud a una denuncia hecha por la parte demandada, establece que no hubo falta administrativa de parte del Lic. Mérido de Jesús Torres Espinal, en su condición de Director Ejecutivo de Titulación de Terrenos del Estado, puesto que dicha recuperación hecha por la fiscalía fue para devolverle a su legítimo dueño el inmueble.
En relación a la denuncia presentada en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, sobre supuesto abuso de poder y prevaricación en la UTECT, quiero decir lo siguiente: un grupo de empresarios amigos decidieron apoyarme económicamente en mi condición de Precandidato a Alcalde del municipio Santo Domingo Este, por lo que me prepararon una actividad de recaudación de fondos en el mes de noviembre del 2022, y algunos colaboradores decidieron participar de manera voluntaria.
Dicho esto, quiero informar lo siguiente: hemos solicitado una cita a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, y a la Procuradora General de la República, Magistrada Mirian Germán Brito, a quienes les comunicaré mi disposición de ser investigado sobre los casos mencionados.
Aclaramos que el caso de la denuncia de la propiedad en El Pocito, Guayubin, esa propiedad donde se hizo el proyecto de Titulación que benefició a más de mil personas, pertenece al Estado y así lo demuestra el Título registrado a nombre del Estado.
Así mismo, denuncio ante el país que he sido víctima de una campaña sucia, de difamación e injuria, por lo que anuncio que procederé legalmente en los tribunales contra quienes han mancillado mi buen nombre y nuestro honor, difamándome a mí y a mi familia. Estoy confiado en mis actuaciones en mi vida personal, profesional, pública y privada, reitero que presentaré una demanda en daños y perjuicios ante los tribunales del país, ya que puedo demostrar que todas mis actuaciones han sido correctas y con estricto apego a la Ley.
En toda mi vida siempre he actuado de cara al sol, como profesional del derecho y como servidor público, por lo que hoy anuncio que voy a proceder a solicitar al señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, una licencia de nuestro cargo como director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, a los fines de demostrar que soy inocente ante esos señalamientos difamatorios e injuriosos.
Para concluir quiero decirles, además, que estoy solicitando esta licencia con la finalidad de irme a mi oficina privada de abogados a limpiar mi nombre y el honor de mi familia, el cual es innegociable para mí y para mi familia.
Y como soy un hombre de Dios, me despido citando las santas escrituras en el libro de Juan Capítulo 8 versículo 32 … ¡¡¡¡Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres!!!!
¡Muchas Gracias!
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