Ginebra (Suiza).- Al menos 5601 personas murieron en Haití el año pasado como consecuencia de la violencia de las bandas, lo que supone un aumento de más de 1000 respecto al total de asesinatos de 2023, según cifras verificadas por la Oficina del Derechos Humanos de la ONU.
Otras 2212 personas resultaron heridas y 1494 fueron secuestradas.
«Estas cifras por sí solas no pueden captar los horrores absolutos que se están perpetrando en Haití, pero muestran la violencia incesante a la que se está sometiendo a la población», declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
En un incidente que la Oficina califica como «uno de los más mortíferos e impactantes» del año pasado, al menos 207 personas murieron a principios de diciembre en una matanza orquestada por el líder de la banda Wharf Jérémie en la zona de Cité Soleil de Puerto Príncipe.
Muchas de las víctimas eran personas mayores acusadas de causar la muerte del hijo del líder mediante supuestas prácticas de vudú. Para borrar las pruebas, los miembros de la banda mutilaron y quemaron la mayoría de los cadáveres, mientras que otros cuerpos fueron arrojados al mar.
Linchamientos y ejecuciones sumarias La Oficina de Derechos Humanos documentó 315 linchamientos de miembros de bandas y de personas presuntamente asociadas a ellas, en algunas ocasiones facilitados al parecer por agentes de la policía haitiana, en 2024.
Además, hubo 281 casos de presuntas ejecuciones sumarias en las que participaron unidades especializadas de la policía entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
«Hace tiempo que está claro que la impunidad por las violaciones y abusos de derechos humanos, así como la corrupción, siguen prevaleciendo en Haití, constituyendo algunos de los principales motores de la crisis multidimensional a la que se enfrenta el país, junto con las arraigadas desigualdades económicas y sociales», afirmó Türk, asegurando que se necesitan esfuerzos adicionales de las autoridades, con el apoyo de la comunidad internacional, para abordar esas causas profundas.
«El restablecimiento del Estado de derecho debe ser una prioridad. Para ello, la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití necesita el soporte logístico y financiero que precisa para ejecutar con éxito su mandato», añadió.
La Policía Nacional de Haití, con el apoyo de la comunidad internacional, también debe reforzar su mecanismo de supervisión para exigir responsabilidades a los agentes de policía presuntamente implicados en violaciones de los derechos humanos, indicó la Oficina del Alto Comisionado.
Embargo de armas y retornos forzosos Volker Türk reiteró su llamamiento para que se aplique plenamente el régimen de sanciones del Consejo de Seguridad, así como el embargo de armas, crucial para impedir el suministro de armas de fuego y municiones al país.
«Las armas que llegan a Haití suelen acabar en manos de las bandas criminales, con trágicos resultados: miles de muertos, cientos de miles de desplazados, infraestructuras y servicios esenciales, como escuelas y hospitales, interrumpidos y destruidos», subrayó Türk.
Respecto a los migrantes y refugiados, el máximo responsable de velar por los derechos humanos enfatizó en que la inseguridad y la crisis en el país simplemente no permiten el retorno seguro, digno y sostenible. «Y, sin embargo, las deportaciones continúan».
«Reitero mi llamamiento a todos los Estados para que no devuelvan por la fuerza a nadie a Haití», añadió a este respecto.
