Por Frank Valenzuela
1.Manzanillo: Un pueblo cercado por el Estado y entregado al gran capital transnacional
La Bahía de Manzanillo, en el extremo transfronterizo del noroeste dominicano, es hoy el símbolo de una paradoja asfixiante: está acorralada entre el mar, la frontera con Haití y una nueva muralla invisible impuesta por el propio Estado. El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), lejos de abrirle el futuro a la comunidad, actúa como un cerrojo que limita toda posibilidad de expansión justo cuando el municipio enfrenta el mayor asedio corporativo externo de su historia.
Con el pretexto de la «zona de amortiguamiento», promovida por el Ministerio de Medio Ambiente, se bloquea la única franja de crecimiento natural de Manzanillo y se le niega a la población su derecho a desarrollarse, mientras los megaproyectos energéticos y logísticos avanzan con total libertad sobre áreas de incalculable valor ambiental y estratégico.
Este absurdo se traduce en un drama social: un municipio con mar, puerto, frontera, tejido social cohesionado y cultura de trabajo es condenado a la inmovilidad y a la expulsión silenciosa de sus jóvenes familias, mientras consorcios internacionales ocupan el territorio con apoyo de capital foráneo y del mismísimo Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La comunidad, despojada de su derecho a habitar y prosperar en su propia tierra, se enfrenta a un futuro cercado por intereses industriales y energéticos, sentenciada a la emigración o a la marginalidad en su propio suelo.
El PMOT no solo niega el crecimiento demográfico y social, sino que criminaliza la expansión orgánica de la población bajo el argumento de «desorden» y «dispersión», justificando así la restricción de 74,3 hectáreas fundamentales para el desarrollo local y deshilachando el tejido social que ha sostenido a Manzanillo por generaciones.
La gran contradicción del discurso oficial es flagrante: se proclama la creación de un «hub» regional y logístico mientras se margina a la propia comunidad. ¿Cómo puede aspirar Manzanillo a convertirse en un centro logístico de importancia si sus habitantes no tienen dónde construir sus hogares, escuelas o centros de salud? La respuesta es brutalmente simple: el plan está diseñado como un enclave industrial y portuario, no como un espacio de vida para la gente. La comunidad es vista como un obstáculo a contener, no como un actor a empoderar. El PMOT, en lugar de ser un instrumento de progreso y equidad, se ha convertido en el símbolo de un modelo de exclusión, despojo y subordinación absoluta a los intereses del gran capital.
II. Ecocidio en Estero Balsa: El Silencio Cómplice del Ministerio de Medio Ambiente
Mientras el Plan de Ordenamiento Territorial blinda zonas de crecimiento comunitario con el pretexto de una «zona de amortiguamiento», el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un acto de flagrante complicidad, se convierte en el verdugo silencioso de un ecocidio ambiental que desgarra Playa Estero Balsa. Igualmente, la descarada acción de desmontar 500,000 metros cuadrados de bosque seco a pocos metros del área protegida Parque de Manglares Estero Balsa, un refugio histórico de aves, reptiles y criaderos de abejas reina esenciales para la producción melífera de la zona, sin realizar ningún estudio ambiental previo, no es solo una violación grotesca de la Ley 64-00 de Medio Ambiente; es una bofetada a la misión fundamental de una institución que debería ser la guardiana de nuestro patrimonio natural.
La Laguna Saladilla, parte vital del Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, ya agoniza con un alarmante 37.6% de degradación. Sin embargo, en lugar de actuar con la contundencia que la situación demanda, el Ministerio opta por la inacción, permitiendo que la ambición corporativa devore impunemente ecosistemas de valor incalculable. La contradicción es sangrante: se criminaliza el crecimiento de un pueblo humilde con la etiqueta de «desordenado», mientras se legitima la destrucción masiva de un bosque vital por parte de consorcios poderosos. Este doble rasero es una afrenta a la justicia ambiental y una traición a las futuras generaciones de dominicanos.
El PMOT, en su actual configuración, no solo omite abordar los impactos de las termoeléctricas en el aire y el agua, sino que se abstiene de establecer límites claros para la expansión industrial que amenaza la integridad de una zona Ramsar de importancia internacional. La «injusticia ambiental» de este plan se materializa en la ausencia de regulaciones detalladas y vinculantes que frenen la impunidad de los consorcios. La falta de fiscalización real y la ausencia de sanciones por incumplimiento convierten al Ministerio de Medio Ambiente en un actor pasivo, un mero observador de la devastación, en lugar de un garante de la protección ambiental.
III. La Hipocresía del BID: Un «Desarrollo Sostenible» para Pocos
El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Pepillo Salcedo es un testimonio de la hipocresía inherente al modelo de «desarrollo sostenible» promovido por entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este organismo, que en sus comunicados aboga por «cláusulas ambientales» y la «protección al medio ambiente», se convierte en un actor central en la perpetuación de un «ecocidio ambiental» y un «apartheid territorial» en Manzanillo. Al financiar megaproyectos energéticos y la ampliación del Puerto de Manzanillo, el BID contradice sus propios principios, revelando que sus compromisos ambientales son, en la práctica, meras formalidades sin una aplicación real y efectiva.
La dependencia del financiamiento externo del BID limita la autonomía en las decisiones locales, subordinando el bienestar de la comunidad a los intereses de inversionistas externos. El PMOT concentra los beneficios en los consorcios, sin una redistribución local significativa ni compensaciones adecuadas por la pérdida de tierras agrícolas o los daños socioambientales generados. Los «avances teóricos» de conservación y planificación quedan eclipsados por una implementación que favorece a actores externos sobre la comunidad.
La concentración de la riqueza en pocas manos y la ausencia de políticas para fomentar la competencia local evidencian que el plan está diseñado para consolidar el poder económico de las grandes corporaciones, desincentivando la inversión privada local ajena a estos grandes consorcios. La falta de auditorías independientes para los proyectos financiados por el BID y la inacción del Ministerio de Medio Ambiente para fiscalizar las violaciones de los consorcios crean un ambiente de impunidad que beneficia a los poderosos a expensas de la comunidad y del ecosistema. Así, el BID se convierte en un actor central en esta dinámica de injusticia, donde sus propias cláusulas ambientales son solo formalidades vacías.
IV. La Complicidad Ministerial: Economía y Desarrollo al Servicio de las Élites y los Poderosos
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que se supone debe velar por un desarrollo equitativo e inclusivo, ha asumido un rol vergonzoso al acompañar la formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial en Manzanillo que es, en esencia, un instrumento al servicio de las grandes corporaciones. Su complicidad en la confección de un PMOT que limita el crecimiento comunitario y encubre la devastación ambiental por parte de megaproyectos energéticos y logísticos es una afrenta a los principios de la planificación para el bienestar social. Este ministerio, al validar un plan que prioriza la concentración de la riqueza y el poder en pocas manos, se desmarca de su misión de fomentar un desarrollo integral para todos los ciudadanos.
La ausencia de programas reales de remediación ambiental para Playa Estero Balsa y la omisión de mecanismos de compensación social y ambiental para las comunidades afectadas evidencian una clara negligencia por parte de esta cartera ministerial. En lugar de garantizar que el desarrollo genere beneficios equitativos y proteja los derechos de la población, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se ha convertido en un facilitador de un modelo extractivo que profundiza las desigualdades y vulnera la sostenibilidad a largo plazo. Su silencio ante la «expulsión silenciosa» de familias por la falta de vivienda digna y la priorización de intereses corporativos sobre las necesidades poblacionales locales es inaceptable.
El plan, al no promover la diversificación productiva local ni fomentar incentivos para emprendimientos propios, traiciona la visión de un desarrollo endógeno y equilibrado. La concentración de beneficios en consorcios y la ausencia de redistribución local refuerzan un «apartheid territorial» entre consorcios y comunidad. Es urgente que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo reoriente su brújula y asuma su responsabilidad de construir un plan que sirva verdaderamente a la comunidad de Manzanillo, y no solo a los intereses económicos de unos pocos.
Esta complicidad institucional margina las propuestas de desarrollo local, ignora las demandas de la población y transforma al Estado en agente activo del despojo. Así, la credibilidad de la política de planificación territorial queda gravemente cuestionada: el PMOT, lejos de ser un pacto social, es la expresión de un Estado capturado por intereses foráneos y de una democracia profundamente vulnerada.
V. La resistencia de la comunidad: firmeza frente al despojo
Ante este escenario, la comunidad de Manzanillo y sus líderes han demostrado una firmeza ejemplar. La Sala Capitular del Ayuntamiento, en particular, se ha plantado y ha rechazado el plan en su versión actual, exigiendo una revisión real que contemple el crecimiento legítimo de la población y la protección de los bienes comunes. Este acto de resistencia no es un gesto simbólico, sino un ejercicio de soberanía ciudadana frente al avance implacable de intereses privados.
La fuerza de la comunidad reside en su organización y en su capacidad de articular alianzas con sectores sociales, eclesiales y ambientalistas. A pesar de la presión y el hostigamiento, los líderes han defendido su derecho a decidir sobre el futuro del municipio y a exigir que el desarrollo sea realmente inclusivo y sostenible. La historia de Manzanillo es, hoy, la historia de una dignidad en lucha, y un mensaje al país y al mundo: las comunidades no están dispuestas a aceptar pasivamente su desplazamiento. Donde el Estado falla y las corporaciones avanzan, la sociedad organizada se convierte en el último baluarte de la justicia y el sentido común.
VI. Debilidades estructurales: un plan plagado de vicios y omisiones
El PMOT de Manzanillo no es solo problemático por sus objetivos, sino por sus múltiples debilidades técnicas y sociales. Impide la inversión local en infraestructura, niega la regularización de la tenencia de la tierra, no articula políticas de movilidad ni contempla soluciones para el déficit de servicios básicos. La autonomía municipal queda reducida a la mínima expresión y los mecanismos de participación ciudadana real son inexistentes o inoperantes.
La omisión de programas robustos de compensación socioambiental y la falta de protección para pescadores, agricultores y jóvenes deja a la comunidad sin herramientas para resistir el impacto de los megaproyectos. El plan no incorpora políticas efectivas de restauración de áreas degradadas ni protege el patrimonio histórico ni la identidad local.
Esta suma de deficiencias convierte al PMOT en un instrumento peligroso: lejos de gestionar el territorio con justicia y visión, lo convierte en un espacio funcional a la expansión de intereses externos y al progresivo vaciamiento de la vida comunitaria.
VII. El modelo extractivo y el «apartheid» territorial
El verdadero trasfondo del PMOT y de la agenda de megaproyectos es la consolidación de un modelo extractivo y de «apartheid territorial». Mientras la comunidad local ve sus derechos restringidos, los grandes consorcios obtienen licencias para ampliar sus operaciones y controlar las rutas de acceso, las zonas portuarias y los enclaves estratégicos.
Este «modelo Manzanillo» es el reflejo de una tendencia global: convertir comunidades vivas en plataformas de extracción y exportación, despojando a sus habitantes de la posibilidad de decidir sobre su propio destino. Las barreras legales, las normas técnicas y los discursos ambientales se convierten en los nuevos instrumentos del despojo.
Manzanillo es hoy un caso de libro: la promesa de «hub» logístico y energético se traduce en el desplazamiento sistemático de la población y en la fragmentación de su tejido social. El territorio, que debería ser espacio de vida y de encuentro, se transforma en un bien mercantil sujeto a las necesidades cambiantes del capital internacional.
VIII. El derecho a decidir: soberanía social y nuevos pactos territoriales
La única salida posible para Manzanillo es reclamar el derecho inalienable de su comunidad a decidir sobre el uso, gestión y destino de su territorio. Este derecho implica una revisión radical del PMOT, la apertura de un proceso genuinamente participativo y la consolidación de mecanismos que aseguren la cogobernanza entre Estado y sociedad local.
El futuro de Manzanillo debe pasar por un nuevo pacto territorial basado en la equidad espacial, la protección ambiental real y la prioridad absoluta de las necesidades comunitarias sobre las exigencias de las grandes corporaciones. Los estudios técnicos deben subordinarse al mandato democrático y a los intereses colectivos.
El reto es inmenso, pero la historia está llena de ejemplos donde la movilización social, la solidaridad y la inteligencia colectiva han logrado revertir modelos injustos y construir territorios más justos y habitables. Manzanillo puede y debe ser parte de ese nuevo horizonte latinoamericano.
IX. El espejismo del desarrollo: cuando el progreso es para otros
El Plan Maestro de Manzanillo fue vendido como el pasaporte al desarrollo y la modernidad: promesas de empleo, mejoras en infraestructura, inversiones millonarias y una «transformación regional». Pero, en la práctica, este supuesto progreso ha sido un espejismo para la mayoría de los habitantes. Los empleos generados son temporales, de baja cualificación y mayoritariamente ocupados por personal externo. El grueso de las oportunidades y de la riqueza fluye hacia los consorcios que controlan las obras y la operación de las nuevas infraestructuras.
Los precios de la vivienda en la zona se han disparado, mientras el acceso a servicios públicos esenciales —agua, salud, educación— sigue siendo precario y desigual. La bonanza anunciada no llega a las familias de Manzanillo, que ven cómo el «desarrollo» solo sirve para encarecer la vida y aumentar la presión por emigrar. Las verdaderas prioridades locales —vivienda social, empleo estable, regularización de la tenencia de la tierra— brillan por su ausencia.
Detrás del marketing de la sostenibilidad y la modernidad se esconde un modelo que profundiza la desigualdad y refuerza la exclusión. Manzanillo vive el drama de ser espectador de un desarrollo ajeno, donde los grandes ganadores son actores externos y el costo lo asumen las familias expulsadas de su propio espacio.
(El autor es presidente del Centro Bahía de Manzanillo).
