Nueva York (Estados Unidos).- La población de Haití ha expresado su “desesperación” tras la suspensión repentina de una amplia gama de servicios humanitarios, según la oficina humanitaria de la ONU en el país.
La cancelación de la mayor parte de la financiación estadounidense en enero ha supuesto el recorte o la suspensión de muchos servicios destinados a las personas más vulnerables, advierte la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Haití.
Las múltiples crisis políticas, de seguridad y socioeconómicas han provocado que 5,7 millones de personas sufran falta de alimentos y han obligado a 1,3 millones de personas a huir de sus hogares.
Con una drástica reducción de la financiación, Haití se enfrenta a un “punto de inflexión” crucial. La financiación humanitaria en Haití atraviesa una fase crítica, marcada por una brecha cada vez mayor entre las necesidades y los recursos disponibles. A fecha de 1 de julio, solo se había movilizado alrededor del 8% de los 908 millones de dólares necesarios, dijo el director nacional de la OCHA, Modibo Traore.
Esta cobertura parcial solo permite llegar a una fracción de los 3,6 millones de personas a las que se dirige la ayuda.
Los sectores más afectados son la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, la atención primaria de salud, la educación y la protección.
Esta contracción del apoyo internacional se inscribe en un contexto mundial de múltiples crisis concurrentes —Ucrania, Gaza, Sudán—, pero también refleja una pérdida de interés político por la cuestión haitiana.
Las crecientes necesidades humanitarias observadas en Haití son el resultado de una acumulación de factores estructurales y cíclicos. En el ámbito socioeconómico, la pobreza multidimensional afecta a una gran parte de la población.
El país sufrió varios huracanes importantes que azotaron la región sur menos de una semana después de un terremoto que afectó gravemente a la zona, por no mencionar las repetidas sequías que han tenido un gran impacto en la agricultura y la ganadería.
Desde 2019, ha surgido una nueva dimensión: la inseguridad crónica causada por la proliferación de grupos armados, especialmente en la capital, Puerto Príncipe, y ahora también en los departamentos del Centro y Artibonite.
En 2024, la crisis multidimensional que ha sacudido a Haití durante años se ha vuelto catastrófica.
El nivel de violencia e inseguridad sigue siendo alto, con consecuencias devastadoras para la población, incluido el desplazamiento masivo de personas que ya se encontraban en situaciones vulnerables.
El auge de los grupos armados en Haití y su creciente control de lugares estratégicos, en particular las principales carreteras y puertos de entrada a la capital, es un obstáculo importante para la entrega segura y eficiente de la ayuda humanitaria.
Esta dinámica tiene un impacto en la percepción del riesgo de los donantes internacionales, que ahora consideran Haití como un entorno de alto riesgo para la intervención. El acceso a los beneficiarios se ha vuelto irregular en muchas zonas.
El deterioro de la situación de seguridad representa un reto importante para movilizar y mantener los compromisos financieros.
Los donantes han expresado su preocupación por los riesgos operativos, en particular en lo que respecta a la seguridad de las cadenas de suministro, la prevención de la explotación y la garantía de la rendición de cuentas.
El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14169, que imponía la suspensión inmediata de toda nueva financiación extranjera por parte de las agencias federales estadouidenses, incluidos los programas humanitarios gestionados por USAID y socios multilaterales.
En el caso de Haití, los efectos se dejaron sentir con la interrupción repentina de aproximadamente el 80% de los programas financiados por Estados Unidos. Se despidió al personal de las ONG asociadas, se suspendieron los pagos y se interrumpieron las cadenas de suministro.
Más allá de los efectos estructurales, esta suspensión generó una profunda incertidumbre en el sistema humanitario haitiano. Esta situación no solo debilitó la continuidad de los servicios esenciales, sino que también afectó la confianza entre las comunidades beneficiarias y los actores humanitarios.
El año 2025 marca un punto de inflexión en la ayuda humanitaria en Haití. Esta crisis no es el resultado de un acontecimiento único o aislado, sino más bien de una serie de situaciones que se han ido deteriorando en un contexto de disminución gradual de la atención internacional.
La interrupción de los programas estadounidenses ha actuado como catalizador de la crisis. Los socios técnicos de USAID, muchos de los cuales gestionaban programas de salud comunitaria en barrios vulnerables, han cesado sus operaciones, privando a cientos de miles de personas de servicios vitales.
Los centros de salud cofinanciados por Estados Unidos han cerrado, dejando a las mujeres embarazadas y a los niños sin asistencia.
La crisis actual pone de manifiesto el creciente aislamiento del país.
Mientras que las crisis anteriores habían suscitado una rápida solidaridad internacional, la respuesta humanitaria a la situación en 2025 ha sido lenta y parcial.
