El Legislativo es el principal Poder del Estado y constituye un timbre distintivo de la democracia. Lo ejerce el Congreso Nacional, constituido por 222 miembros: 190 diputados y 32 senadores, mientras el Poder Ejecutivo es ejercido por el presidente de la República, ayudado por los ministros de Estado, mucho menos que los legisladores.
Las leyes, principal instrumento de dirección de un Gobierno democrático, son aprobadas por el Congreso Nacional, en el que concurren diversas fuerzas políticas a cuyas directrices se someten disciplinadamente los senadores y diputados. Por eso el debate es una característica infaltable en las sesiones de ambas cámaras.
A principio de enero, el presidente Luis Abinader, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, promulgó la ley que convierte el antiguo Departamento Nacional de Investigaciones en Dirección Nacional de Inteligencia, numerada 1-24. Esa disposición fue aprobada por el Congreso, en ejercicio de sus facultades legales.
La clase política se mantuvo al acecho, como aquel que dice “en la bajadita te espero”, para meter miedo con la nueva legislación y, obviamente, lucirse ante el escenario electoral. La batahola pretendía tirar a la hoguera al presidente Abinader y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.
Cuando fue aprobada por el Senado, en diciembre pasado, la prensa reseñó que el senador Dionis Sánchez, presidente de la comisión especial que estudió el proyecto, presentó al Pleno un informe favorable y solicitó que la iniciativa fuera incluida en el orden del día, declarada de urgencia y aprobada, tal cual lo remitió la Cámara de Diputados.
Sánchez es un importante dirigente de Fuerza del Pueblo, que lidera el doctor Leonel Fernández.Pero Fernández se pronunció contra la ley después de promulgada.
En la Cámara de Diputados, Lourdes Aybar Dionisio, del bloque leonelista, fue una de las proponentes de la pieza, y lo justificó en la necesidad de un Sistema Nacional de Inteligencia.
El almirante Sigfrido Pared Pérez, un verdadero experto en el tema, opinó que la ley era necesaria, pues la vigente sobre la materia, la 857 del año 1978, tiene ya unos cuarenta años. La consideró de poco alcance, ya que es una ley de una página y media con pocos artículos y no se acomoda a la realidad actual.
Estos hechos demuestran la liviandad de la dirigencia política dominicana. Ellos navegan en la superficialidad.
La palabra liviandad tiene sinónimos: frivolidad, ligereza, inconstancia, volubilidad, deshonestidad. A ciertos políticos no les interesan las imperfecciones de la ley, sino su uso proselitista. La 1-24 será enmendada, ahora quedarán sin discurso.
rafaelperaltar@gmail.com
(El autor es periodista y escritor residente en Santo Domingo, República Dominicana).
