Santo Domingo (República Dominicana).- El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, conformó la comisión liquidadora del Despacho de la Primera Dama, responsable de dirigir y coordinar la reasignación de los programas y servicios sociales que manejaba la entidad a instituciones afines con sus objetivos.
La comisión la presidirá el director jurídico del Ministerio de la Presidencia, Noel Báez Paredes, e integrada por Arsenio Batista, coordinador ejecutivo; Saizka Subero, asesora legal; Martha de Jesús Rodríguez, coordinadora técnica y Alexis Camilo, coordinador financiero.
Abinader ordenó la creación de la comisión liquidadora al Ministerio de la Presidencia.
Mediante el decreto 368-20 que el presidente Luis Abinader disolvió el Despacho de la Primera Dama, y transfirió sus responsabilidades a instituciones afines.
El artículo 2 señala que la Transferencia del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) se transfiere al Ministerio de Salud Pública, quedando sus funciones, atribuciones y dirección a cargo de un consejo integrado por representantes del gobierno y de la sociedad civil, designados por el Presidente de la República y quienes ejercerán su función de manera honorífica.
El artículo 3 crea la Comisión Evaluadora de los diferentes programas del Despacho de la Primera Dama, la cual será designada por el Ministerio de la Presidencia, quien la coordinará, y cuya función será la evaluación y reasignación de todos los programas y servicios administrados por ese despacho.
Agrega que la comisión de evaluación determinará la distribución de los montos que resulten de la eliminación, sustitución y reasignación de los programas y servicios que ofrecía ese ente, los cuales serán destinados al sistema de salud pública y a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a objetivos afines a esos programas y servicios.
En el considerando primero el decreto señala que es un compromiso asumido por el gobierno la eliminación de todo ente u órgano público que represente una dualidad de funciones o gastos ineficientes, y con la finalidad de racionalizar el gasto público y la obtención de resultados que garanticen el bienes social.
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