Ley del embudo

Aquella “capitalización” es hermanita de las llamadas “asociaciones públicas-privadas”. Ambas son hijas del neoliberalismo. La envoltura puede variar, pero se trata de privatizar parcialmente patrimonios públicos establecidos o compartir Estado y capital privado nuevas proyectos en áreas estratégicas que deberían ser áreas públicas o de propiedad social.

Asociado está el Estado al capital privado en todo lo que se “capitalizó” y en las autovías concesionadas, y el producto tiene mucho que ver con la ley del embudo: lo ancho para los “inversionistas” privados, lo estrecho para el Estado y ni boronas para el pueblo de a pie. Antes de hablar de nuevas asociaciones, deberían revisarse y revocarse las que tienen perfil de estafa al patrimonio público y los contratos leoninos del Estado con empresas privadas criollas y extranjeras.

Paliza, empresario y político, habla de una nueva “visión de Estado”, de una nueva manera de “reformar el Estado” y cuando sugiere que la Autovía del Ambar (circunvalación Santiago a Puerto Plata) sea construida bajo el influjo de esa visión, está hablando de una autopista estatal-privada, de un negocio con ambos actores. En su discurso está claro que esa visión sobre el Estado es una visión empresarial.

Abinader, empresario y político, anuncia que esa fórmula se aplicará en el transporte aéreo y marítimo, agua (??????), energía, salud y educación. ¡Sopla!. Lo que debería desprivatizar, crecería sobre la base de más presencia del capital privado. Más puertos, aeropuertos, carreteras, plantas o entidades eléctricas, centros de salud y educación concebidos como negocios privados con el Estado como socio subordinado (el gran capital privado transnacional y local no concibe otro tipo de asociación). Mayores niveles de privatización de fuentes de agua y del sistema energético.

El agua, que vale más que el oro y que es un bien común -amenazada de ser convertida en negocio privado por la ley del agua- será presa también de las asociaciones públicas privadas. INAPA (Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados) será el primer blanco de ese ataque tal y como se ha develado a luz de las críticas a la designación de Wellington Arnaud, previa modificación de la ley.

El argumento principal en defensa de esa aberración es que se necesita un buen abogado y mejor administrador (se conocen más sus dotes de político y aspirante a la Presidencia), porque ahora en INAPA se van a instrumentar las asociaciones público-privadas. ¡Semiprivatización de acueductos y plantas de tratamiento.

¡Un gobierno de empresarios, tutelado por Washington, podría definitivamente resultar caro al patrimonio nacional y a nuestro pueblo!.

(El autor es dirigente político residente en Santo Domingo, República Dominicana).

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