Reflexiones en Transición #1

Las elecciones municipales celebradas el 15 de marzo y las presidenciales, de Senadores y diputados del 5 de julio pasarán a la historia como las más accidentadas de la era post Trujillo, ya que ambas fueron extraordinarias por haberse llevado a cabo en fechas no contempladas por las leyes, pero también porque se realizaron en condiciones muy difíciles, “en medio de una pandemia”.

Los resultados de las mismas tal vez no hubieran sido diferentes, por lo menos en lo Presidencial, tal vez porque todos sabíamos que en primera o en segunda ganaría la opción opositora, básicamente por la división del oficialismo.

Estas elecciones quedaron marcadas por grandes dificultades operativas. Son las primeras de nuestra historia que se celebran con una casi nula presencia de los candidatos, en cuanto se refiere al normal contacto entre éstos y los electores.

De hecho, ha de suponerse que una parte de los candidatos electos no lo son por la voluntad real de los electores, por tres razones fundamentales: en primer lugar, porque primó el voto castigo, que no permitió valorar a candidatos que no se hubieran podido hacer conocer por la ciudadanía.

Se antepuso el dinero y el bipartidismo, de manera que la inmensa mayoría de los ganadores son del PRM y del PLD. Sólo aquellos que presentaron candidatos en calidad de aliados a esos partidos tuvieron alguna posibilidad alguna de competir, sobre todo en un entorno en el que los candidatos tuvieron limitadísimas posibilidades de acceso a los medios tradicionales de comunicación (radio y tv).

Como prueba de lo que aquí digo se hace constar que nuestro partido, el Bloque Institucional Socialdemócrata, en las elecciones del 2016 concurrimos de manera independiente a los dos partidos mayoritarios, pudiendo ganar una senaduría (la de San José de Ocoa) y dos alcaldías (Dajabón y Boca Chica).

Contendimos con muchas posibilidades en otras demarcaciones. Pero en las recién concluidas elecciones quedaron totalmente descartadas, imposibilitadas de competir equitativamente, todos los proyectos independientes que se presentaron, de los cuales destaca exclusivamente el caso de Alianza País en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que pudo ganar una candidatura a diputado con José Horacio Rodríguez de candidato. Ese fue el único candidato independiente en ganar, el único que logró hacer la diferencia.

El Observatorio Electoral Dominicano (OBSEDO), institución que forma parte del Foro Permanente de Partidos Políticos (FOPPPREDOM), emitió recientemente su informe titulado “Las elecciones más caras de la historia, en medio de una pandemia, que amenaza la existencia de los partidos”, que devela las grandes falencias de los procesos electorales recién culminados y hace recomendaciones necesarias a tomar en cuenta para la realización de los procesos venideros.

Se resalta que no habrá calidad de la democracia si no logramos romper las taras identificadas en el informe de cita, particularmente la elección no de los candidatos que prefiera el electorado, ni el mejor, sino el que pueda gastar una millonada en campaña.

Sin embargo, tenemos que reconocer la sabiduría del pueblo, que pese a todo y con la abstención más alta registrada en la historia democrática, pudo escoger una alternativa diferente y de cambio, frente al hartazgo y la división peledeísta.

Soy de los que siempre ha creído en la alternancia. Es sano para la democracia, para la dirigencia y para la militancia de todos los partidos. El PRM tenía 16 años fuera del poder y les tocaba el turno.

Pero a quienes desean la desaparición de la mayoría de los partidos debo indicarles que una democracia real sólo se fortalece con pluralidad y la diversidad. De continuarse como hasta ahora, quienes promueven el bipartidismo serán los sepultureros de lo poco de democracia que nos queda.

Al referido informe del OBSEDO les presento, a modo de conclusión general, un resumen ejecutivo reducido en 10 puntos, en el que se espera consolidar su contenido, integrado por los siguientes puntos, a saber:

Las circunstancias descritas en el informe, particularmente la realización de dos elecciones en contextos de imposibilidad material de competición para los partidos y sus candidatos, son de tal envergadura que constituye un agravio y un abuso siquiera pensar en que, ante la manifiesta inequidad electoral, la mayoría de las organizaciones políticas sean condenadas al ostracismo.

La campaña electoral es inequitativa desde varios puntos de vista. Los partidos compitieron en ambientes cerrados y de exclusión, en estados de emergencia consecutivos, en los que no podían desplegar ninguna actividad de campaña. No podían hacer mítines, ni marchas, ni reunirse con las personas.

Tampoco hubo forma, a pesar de las constantes denuncias públicas, de que los órganos constitucionales electorales intervinieran para evitar el uso y abuso de recursos públicos en campaña, el soborno de los electores o la compra de votos el día de la elección.

Las instituciones responsables no se dieron siquiera por enteradas de las constantes y evidentes anomalías que hirieron de muerte cualquier forma de participación equitativa en los procesos electivos de marzo y julio.

Las elecciones separadas carecen de sentido y es necesario acortar el calendario electoral. Son una duplicación innecesaria del gasto público y mantienen el país entero en campaña política durante todo el año anterior a la elección (para la selección de los precandidatos y la celebración de los procesos internos) y luego durante varios meses del año electoral, si con suerte los procesos terminan en marzo como están constitucionalmente previstos, lo que no ocurrió en esta ocasión.

En cuanto a la organización electoral propiamente dicha, algunos factores importantes que deben revisarse son: la operación de las mesas de corrección y validación de actas en las Juntas municipales, la automatización del escrutinio y la representación de los partidos en caso de alianzas y coaliciones. Ninguno de esos 3 temas puede continuar como hasta ahora porque son retrancas al proceso.

El tamaño de las circunscripciones electorales está afectando a todos los partidos excepto a las primeras dos mayorías. Actualmente no existen posibilidades de que, en circunscripciones con 2 o 3 diputados, las minorías puedan obtener representación apreciable.

De hecho, el sistema excluye a las minorías y forma bloques no representativos, que no responden a electores identificados con programas de minorías, cuyo respeto es un principio cardinal de toda democracia y está ordenado por la Carta Magna.

El sistema de voto preferencial resulta demasiado caro, en si mismo, y demasiado encarecedor del sistema electivo. Puede ser preferible un sistema mixto o combinado de voto preferencial con 50 % de candidatos de lista para que no solamente la cuantiosa inversión económica designe a los candidatos, sino su calidad como dirigentes sociales, trabajadores culturales, etcétera.

La inexistencia de servidumbres de espacios de propaganda y radial-televisiva tiene que instaurarse para el próximo proceso electoral. Los partidos no encuentran formas de presentar sus propuestas al electorado, que por tanto carece de posibilidades de comparar planes de trabajo de los candidatos.

El financiamiento de los partidos tiene que rediseñarse para ser equitativo, de manera que todas las organizaciones políticas se encuentren en condiciones reales de competir. No se trata, por supuesto, de que a todas se les entreguen las mismas aportaciones, porque el peso electoral tiene que influir en las asignaciones, pero no es posible que 2 partidos se apropien del 80 % de la contribución del Estado y las restantes 24-25 organizaciones no puedan ni alquilar dos locales para funcionar, visto que les está prohibido recibir financiamiento privado y las actividades que podrían realizar no tienen la envergadura requerida para permitir su sostenibilidad.

Las campañas políticas tienen que cambiar. No es posible continuar con el modelo actual, que supone alto y frecuente contacto personal entre el candidato y los electores, lo que implica no sólo un ritmo de gastos insoportable para la mayoría de las organizaciones políticas sino también, como se ha visto hasta ahora, un incremento del riesgo de transmisión de enfermedades.