Por Luis M. Cárdenas
Naciones Unidas debe preocuparse por la situación que viven los haitianos en su país. República Dominicana es libre, tiene sus leyes migratorias que deben ser puesta en marcha para garantizar su territorio.
El gobierno dominicano debe desoír la solicitud de la ONU de suspender las deportaciones de haitianas embarazadas ilegales en este país.
Las naciones como Estados Unidos, Francia, Canadá y otras que saquearon a Haití deben ir en auxilio de los haitianos, los problemas de los dominicanos son inmensos y no puede compartir su presupuesto con esos ciudadanos y menos destinar tantos recursos en el área de la salud para resolver problemas de los haitianos sin tener resuelto los de sus ciudadanos.
Es la ONU quien debe destinar recursos para construir centros hospitalarios en Haití, donde se le preste atenciones médicas a estos ciudadanos.
República Dominicana está en su derecho de regular quien o quienes pueden vivir en su territorio como lo hacen otras naciones como Estados Unidos, Francia, Canadá, España, Alemania, entre tantas, a quienes no se le traza pautas, sin tomar en cuenta la real violación a los derechos, como ocurrió en Estados Unidos, con trato de esclavo que se dispensó recientemente a los haitianos.
Nuestro territorio debe ser respetado y todos los ilegales deben ser deportados como ocurre con nuestros nacionales en otros países y si creen que los dominicanos van a continuar legalizando sus planes se equivocan.
La ONU advierte a la República Dominicana para que suspenda las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana, en especial las deportaciones de mujeres embarazadas.
En vez de mostrar su “preocupación” por la detención y deportación de mujeres embarazadas haitiana lo que deben hacer es aportar para la solución del problema de salud de las haitianas y garantizar la estabilidad y libertades en ese estado fallido.
Lo que pone en riesgo la integridad física y la vida de las mujeres haitianas es la indiferencia de la ONU frente a la crisis haitiana.
Los dominicanos no tienen recursos para resolver la problemática de salud, económica y política que afecta a ese país, esa es una responsabilidad de ese organismo, quien debe dejar a los dominicanos resolver sus problemas con la aplicación de sus leyes.
Las deportaciones de ilegales haitianos deben continuar por el bienestar y la preservación del territorio nacional, la cultura dominicana y la dominicanidad.
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