San Juan (Puerto Rico).- La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) informó que determinó que el Proyecto de la Cámara 1839, «el cual representa uno de los mayores recortes contributivos en la historia reciente de Puerto Rico», y que llega a tan solo un año de que Puerto Rico emerge de su quiebra, «perjudica y frustra» los propósitos de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico, (PROMESA, por sus siglas en inglés).
En consecuencia, advirtió que el Gobierno «tiene prohibido» promulgar, implementar o hacer cumplir la medida.
La JSF sostuvo que el Proyecto contributivo reduciría los ingresos del Gobierno en unos 750 millones de dólares este año fiscal y en unos 3.000 millones en cinco años.
«Las sustanciales pérdidas de ingresos a mediados del año fiscal y fuera del proceso presupuestario añadirían presión fiscal, sobre todo después de que el Gobierno aumentara el gasto, incluyendo la extensión del Crédito Contributivo por Ingreso Devengado, y luego de que propusiera gastos adicionales, que incluyen aumentos salariales. Durante los últimos meses de la sesión legislativa, la Asamblea Legislativa aprobó otros proyectos de ley de gastos no presupuestados», agregó la Junta de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.
Sostiene que ningún gobierno puede aumentar el gasto y reducir los ingresos de manera arbitraria durante un periodo prolongado sin poner en riesgo su estabilidad fiscal. «La reducción contributiva propuesta haría que el presupuesto del Gobierno regrese al déficit».
«La economía de Puerto Rico se está recuperando, pero esta recuperación está impulsada en gran medida por una entrada sin precedentes de estímulos del Gobierno federal y aún no se ha traducido en crecimiento económico a largo plazo. No obstante, la Junta de Supervisión le informó hoy al gobernador Pedro R. Pierluisi que está dispuesta a reunirse con él y la Asamblea Legislativa para trabajar juntos en identificar los recursos que permitan un posible alivio contributivo no recurrente que beneficie a los contribuyentes en este año fiscal, en el marco de las prioridades de gasto ya establecidas por el Gobierno», indicó la JSF en declaraciones escritas.
Señaló que aunque el Gobierno y la Junta de Supervisión «tendrán desacuerdos sobre las disposiciones del Plan Fiscal, debemos colaborar y explorar si los cambios deseados por el Gobierno son económicamente viables – y hacerlo como parte del proceso de desarrollo del Plan Fiscal y el presupuesto al amparo de PROMESA».
La Junta indicó que «se prevé que el proceso de elaboración de las actualizaciones al Plan Fiscal de 2024 y al presupuesto para el próximo año 2025 comenzará en unos meses. La Junta de Supervisión exhorta al gobernador a no firmar el P. de la C. 1839, y a colaborar con la Junta de Supervisión y la Legislatura en el desarrollo de una medida que brinde un alivio contributivo inmediato de manera fiscalmente responsable, así como una reforma contributiva integral que sea consistente con el Plan Fiscal y con el proceso presupuestario».
Manifestó que cualquier reforma contributiva debe ser fiscalmente responsable y opinó que el Proyecto de la Cámara 1839, sin embargo, es inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico y con el presupuesto para el presente año fiscal 2024, que la Asamblea Legislativa aprobó, el gobernador firmó y la Junta de Supervisión certificó.
Precisó que el Proyecto de Ley también viola el Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico y pone en peligro la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones en virtud del Plan de Ajuste.
«La Junta de Supervisión se reserva todos sus derechos, incluido el de emprender acciones para anular P. de la C. 1839 en caso de que se promulgue en violación de PROMESA. Esperamos que tales acciones sean innecesarias», concluyó.
Mientras, el gobernador Pedro Pierluisi expresó su desacuerdo con la Junta, «tanto en cuanto al costo como en cuanto al impacto en nuestra economía del proyecto de alivio contributivo que nuestro pueblo merece y que promovería el desarrollo económico sostenible que queremos para Puerto Rico».
«Hemos tenido múltiples reuniones con el equipo de la Junta y le hemos brindado nuestros estimados y nuestros números, los cuales siempre han estado más acertados que los números de la Junta. Sin embargo, la Junta continúa oponiéndose al alivio por sus proyecciones a largo plazo, que incluyen que en 5 años el gobierno federal nos eliminaría gran parte de los fondos que recibimos bajo el programa de Medicaid. No obstante, nosotros estamos convencidos de que, al igual que ha ocurrido anteriormente, el Congreso mantendrá un financiamiento adecuado para el Plan Vital», argumentó Pierluisi en declaraciones escritas.
Sostuvo que su meta es poder darle un alivio al pueblo, «por lo que estaré haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo».
El gobernador señaló que en la carta, «la Junta abre la puerta para poder lograr algún tipo de negociación, por lo que antes de decidir el próximo paso a tomar, estaré propiciando conversaciones entre nuestros equipos fiscales en busca de un alivio contributivo para nuestra gente».
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