En un giro sorprendente, el gobierno ha optado por firmar el Pacto Ambiental para la defensa de las Áreas Protegidas, en plena temporada festiva, específicamente el 2 de enero de 2023, y en medio de una intensa época electoral.
Esta estrategia, lejos de reflejar un compromiso real con la protección de los recursos naturales, parece ser un intento calculado de aprovechar la buena voluntad de quienes, genuinamente, buscan salvaguardar nuestros recursos naturales y que, sin esperarlo, le brindaron la oportunidad de «fotos acompañadas de gigantescos titulares» a un gobierno que implantó el record de RD$8,000 millones en el 2023, en publicidad propagandística.
Creemos que con esta firma, Luis Abinader trata de esconder la maquiavélica complicidad gubernamental en los graves ecocidios que continúan pasando desapercibidos por la mayoría de la población.
La lista de atrocidades ambientales perpetradas bajo la mirada cómplice del gobierno es alarmante. Desde la destrucción masiva de manglares en Bucanye (Pedernales), Manzanillo (Monte Cristi), Puerto Viejo (Azua), Veralarga (Puerto Plata) y El Limón (Samaná), hasta la invasión y depredación persistente en Loma Novillero, demuestran que la administración actual está lejos de cumplir con su deber constitucional de proteger el medio ambiente.
El refugio de vida silvestre en Laguna Prieta, Santiago, ha sido víctima de una depredación continua. Salto Aguas Blancas está siendo invadido, y Playa Los Negros de Azua, designada como refugio de vida silvestre, ha experimentado la muerte de miles de peces y especies debido a derrames de combustible.
Estos ecocidios se extienden a áreas protegidas emblemáticas como la Sierra de Bahoruco, el Pico Diego de Ocampo, la Cordillera Central y Los Haitises, todas afectadas por invasiones, deforestación y deterioro ambiental. Las Dunas de Baní no han escapado a la extracción de arena dentro de su área protegida, al igual que Loma Guaigüí en La Vega y Loma Siete Picos, donde la presa sobre el río Masipedro ha resultado en una serie de devastaciones ambientales.
La larga lista de agravios se complementa con la falta de recursos económicos y humanos para la prevención y extinción de incendios forestales, la visión mercantilista y cortoplacista de todo el patrimonio natural relativo al agua, el inexistente manejo de los residuos sólidos (pese a la reciente aprobación de su correspondiente ley), todo ello sin mencionar las acciones de empresas internacionales respaldadas por el gobierno de Luis Abinader, como Las Barcazas en Azua, las mineras y su irresponsable, contaminante, riesgoso y explotador modelo extractivo, las granceras sin control alguno destruyendo nuestros ríos, las empresas contaminantes del agua y el aire, la agricultura, ganadería, pesca y tala indiscriminada e ilegales, el impacto medioambiental de presas e hidroeléctricas indebidamente construidas (Boca de Los Ríos en Santiago Rodríguez, o Las Placetas en San José de las Matas).
El gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente han demostrado ser los «enemigos públicos número uno» de las áreas protegidas, de ello dan sobrada cuenta su indolencia, inoperancia e incompetencia. Este «Pacto», como también otrora fuera el Pacto del Agua, parece ser otra artimaña para lavar la imagen de un gobierno que ha fallado estrepitosamente en sus deberes de proteger y preservar nuestros recursos naturales.
No necesitamos más firmas para garantizar la protección ambiental; necesitamos acciones concretas y responsabilidad gubernamental. Unir nuestras buenas intenciones no debería ser para avalar promesas vacías, sino para exigir cuentas claras e intervenciones reales (como la promesa electoral, ahora olvidada de hacer de Loma Miranda un Parque Nacional).
En última instancia, el gobierno tiene la obligación constitucional de proteger TODOS los recursos naturales de manera transparente. ¿Por qué deberíamos firmar un pacto con aquellos que son responsables de ejecutar esta labor en primer lugar que emana de su compromiso gubernamental? Es hora de cuestionar, resistir y exigir un cambio genuino en la política ambiental de nuestro país.
¿Cuántos más de estos acuerdos vacíos debemos presenciar antes de que la acción real prevalezca sobre la retórica política? Las acciones hablan más fuerte que las palabras, y en el caso del gobierno actual, las acciones hablan de negligencia y complicidad en la destrucción de nuestro patrimonio natural.
Es hora de que la ciudadanía y las organizaciones ambientales se unan no solo para señalar las contradicciones y falacias gubernamentales, sino para exigir medidas tangibles y responsabilidad ambiental real. La defensa de nuestras áreas protegidas no puede ser subestimada ni comprometida por juegos políticos y estrategias de relaciones públicas.
Finalmente, el deber del gobierno es proteger la integridad de nuestras tierras y ecosistemas, preservando e incrementando nuestro patrimonio natural. No permitamos que este pacto se convierta en una cortina de humo que oculte la devastación ambiental que está ocurriendo bajo nuestras sus narices. Es tiempo de mantenernos unidos para exigir responsabilidad y transparencia, no solo en palabras, sino en acciones concretas, audaces y decididas que resguarden el futuro de nuestras generaciones venideras.
felipe@lora.org
