Washington D.C. (CIDH/IACHR).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompaña con preocupación los hechos de violencia, uso excesivo de la fuerza, intento de interrupción del orden constitucional y desestabilización de la institucionalidad democrática en el país, observados desde el 7 febrero de 2021.
En este sentido, la Comisión urge al Estado a garantizar el pleno respeto de sus instituciones democráticas e independencia de sus poderes, y llama a todos los actores políticos y sociales a atenerse a los canales de diálogo institucional con apego a los principios y reglas del marco constitucional y democrático. Asimismo, el Estado debe garantizar el derecho de protesta de conformidad con los estándares internacionales.
De acuerdo con información pública y recibida mediante sus distintos mecanismos de monitoreo, desde el 7 de febrero, la CIDH observa el aumento de las tensiones políticas y sociales, en contexto de los cuestionamientos sobre la duración del mandato presidencial. Al respecto, la CIDH ve con preocupación que dicha situación habría culminado con la detención de por lo menos 23 personas que estarían presuntamente involucradas en una tentativa fallida de golpe de Estado.
Asimismo, advierte que, durante el fin de semana del 6 de febrero, un juez de la Suprema Corte se habría autonombrado presidente interino, y que, mediante Acto presidencial de 8 de febrero, se otorgó jubilación a tres jueces de la Suprema Corte.
La Comisión recuerda su comunicado de prensa dela de 22 de enero de 2020, mediante el cual –en el contexto del fin del mandato de dos tercios del Senado y de 119 mandatos de miembros de la Cámara de Diputados– reiteró la necesidad de reanudar el diálogo político y preservar las instituciones democráticas. Asimismo, insta al Estado a investigar y esclarecer estos hechos, así como a adoptar medidas que garanticen la no repetición.
Por su parte, la Comisión destaca que tales actos ocurren en un contexto de protestas y violencia social elevada, así como de denuncias de uso excesivo de la fuerza. En particular, según la información recibida por la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión (RELE), el 8 de febrero dos periodistas habrían sido atacados y heridos con balas de goma cuando cubrían los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la zona de Champs-des-Mars, en Puerto Príncipe.
Alvales Destiné, propietario y reportero de la emisora Actualités Locales TV, habría recibido un disparo en la mano mientras que Jeanril Méus, reportero del canal Tele Pam, habría recibido un disparo en el abdomen. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Bernard Mevs. Según pudo conocer la Relatoría, Jeanril Méus se encuentra en estado crítico y a la espera de ser intervenido quirúrgicamente.
De igual forma, según información publicada en medios de comunicación, la CIDH observó que nuevas protestas ocurrieron el domingo 15 de febrero, cuando, miles de personas ocuparon las calles de la capital Puerto Príncipe. En esta ocasión, se habrían presentado disparos de armas no letales y uso de gases lacrimógenos. Estos hechos resultaron en al menos una persona fallecida y diversos reporteros heridos.
En este contexto, la CIDH y su RELE recuerdan que, es deber del Estado garantizar el ejercicio del derecho de protesta, que incluye los derechos de reunión pacífica y sin armas, de asociación y libertad de expresión. Tanto en su dimensión individual como colectiva, la protesta está dirigida a expresar públicamente opiniones, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia, o reivindicación, y a demandar el cumplimiento de derechos; y cumple un rol central para la defensa de la democracia. Por eso, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público.
La Relatoría Especial reitera que la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente. Las personas trabajadoras de prensa que cubren las protestas cumplen una función esencial al recabar y difundir información de lo que sucede en manifestaciones, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, se recuerda al Estado que debe brindar a las y los periodistas el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público.
Por otra parte, la CIDH advierte que tales situaciones ocurren en el marco de procesos institucionales y políticos del país, como lo es la preparación de elecciones parlamentarias y debates sobre la reforma constitucional. En este contexto, se reitera que la construcción de un canal de diálogo institucional y político resulta esencial para proteger y fortalecer las instituciones democráticas en Haití. Por ello, urge a todos los actores políticos y sociales a concertar un diálogo con apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos.
Ante la situación de inestabilidad política y tensión social observada desde mediados de 2018 –con momentos de inmovilidad y paralización de servicios sociales observados en el segundo semestre de 2019, con prácticas como el Peyi Lock– la CIDH refuerza la necesidad de apego a las instituciones jurídicas y al marco constitucional. Tal como fue señalado mediante comunicado de prensa de 22 de enero de 2020, se resalta la relación intrínseca entre el respeto a los derechos humanos, la democracia y el desarrollo humano y económico.
Asimismo, la CIDH toma nota del calendario electoral publicado el 8 de enero por el Consejo Electoral Provisional de Haití. Al respecto, la CIDH insta a que, en su caso, todos los actores involucrados utilicen medios e instrumentos de participación y reclamos autorizados por la Constitución y las leyes, respetando en todo momento, las instituciones democráticas del país.
Por último, la CIDH reitera que mediante su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI), se continuará monitoreando los aspectos estructurales y sistemáticos de las tensiones políticas y sociales en el Estado haitiano.
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