Redacción (Telesur).- Un tribunal peruano define este miércoles si procede la revocación de la medida de prisión preventiva contra el depuesto presidente Pedro Castillo para variarla por otra denominada comparecencia con restricciones.
La audiencia se produce luego de que la defensa legal del depuesto jefe de Estado apelara la decisión del juez Juan Carlos Checkley Soria, quien le impuso la medida cautelar por 18 meses en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
El propio mandatario pidió la palabra y dijo que “Jamás he cometido delito de rebelión. No me he levantado en armas ni he llamado a levantarse en armas a nadie. Quien se ha levantado en armas es este gobierno contra el pueblo. Quien ha cometido delito de conspiración es el Congreso».
En otro punto, la fiscal defendió que el delito de rebelión es «un delito de consumación anticipada. No hace falta que los rebeldes consigan su fin. Solo se requiere el mero alzamiento en armas».
Entretanto, el abogado de Castillo, Wilfredo Robles, fundamentó el pedido de revocar la prisión preventiva contra el depuesto mandatario con el argumento de que no había sido verificado correctamente el paso previo del antejuicio político, con lo cual, no cumpliría con el debido proceso.
Robles defendió que el antejuicio de Castillo es nulo. Se realizó en un día, cuando, según el reglamento del Congreso en su artículo 89, ese procedimiento dura, por lo menos, dos semanas.
Robles dijo, asimismo, que indicó que la Fiscalía no le señaló inicialmente por cuál delito fue acusado su defendido, lo cual «limita el derecho de la defensa y se vulnera el principio de imputación necesaria», dijo.
La Fiscalía, por su parte, insiste en hay, en este caso, los elementos de convicción y la gravedad de lo que denominó «fallido intento de golpe de Estado». El juez, por su parte, precisó que debería enfocarse en lo relacionado al peligro procesal y de fuga.
A Pedro Castillo se le imputa delitos de rebelión y conspiración tras anunciar el pasado 7 de diciembre la disolución del Congreso de la República para convocar elecciones y un proceso constituyente.
Sin embargo, tras el anuncio, salió de Palacio de Gobierno acompañado de Aníbal Torres y fue capturado cuando se dirigía a la Embajada de México.
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