San Juan (Puerto Rico).- La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció este lunes que llegó a un acuerdo en principio con Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., y National Public Finance Guarantee Corporation, para resolver los reclamos contra el Gobierno de Puerto Rico.
El convenio se relaciona con fondos históricamente asignados condicionalmente a ciertas instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico (reclamos “clawback”), entre ellas a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (ADCC) y para reestructurar las deudas de ACT y ADCC.
Además, el acuerdo proporciona un modelo mediante por el cual se atenderán reclamos de otros acreedores en situaciones similares en la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI) y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).
El convenio en principio se incorporará al Plan de Ajuste que la Junta de Supervisión presentó el 8 de marzo de 2021 para reducir la deuda del Gobierno de Puerto Rico a niveles asequibles y sostenibles.
El Plan de Ajuste reduce la deuda del Gobierno de Puerto Rico en aproximadamente un 80%, de 35.000 millones de dólares en reclamos pendientes a 7.400 millones en deuda futura.
Igualmente, dijo que el Plan además le ahorrará al gobierno casi 60.000 millones de dólares en pagos del servicio de la deuda al incluir el servicio de la deuda de COFINA.
“El acuerdo al que llegamos durante el fin de semana es otro paso significativo hacia un Plan de Ajuste consensuado que puede sacar a Puerto Rico de la bancarrota”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.
Agregó que “la mediación bajo el liderazgo de la jueza Bárbara Houser continúa teniendo éxito en llegar a acuerdos con la mayor cantidad de acreedores posible para evitar litigios costosos y prolongados. El acuerdo fue posible gracias al trabajo extraordinario de nuestra directora ejecutiva Natalie Jaresko, nuestro personal y asesores”.
Skeel indicó que “seguiremos por este camino para llegar a acuerdos justos con los diversos participantes para reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles y permitir que Puerto Rico se recupere y prospere”.
El acuerdo en principio atiende los reclamos de ingresos retenidos de ACT y ADCC de la siguiente
manera:
• Instrumento de Valor Contingente del Gobierno de Puerto Rico (“CVI”, en inglés): Los acreedores de recuperación (“clawback”) reciben un CVI basado en el desempeño potencialmente superior del impuesto sobre ventas y uso del 5.5% de Puerto Rico (IVU de 5.5%), basado en las proyecciones del Plan Fiscal Certificado 2020. Este instrumento incluirá distribuciones del “Clawback CVI” en el Plan de Ajuste existente, más un pago adicional proveniente del desempeño superior del 40% del 5.5% del IVU. El CVI se implementará y distribuirá de acuerdo con un Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico revisado que se presentará ante el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito de Puerto Rico.
• ADCC: Se espera que ADCC inicie un procedimiento bajo PROMESA, y su plan de ajuste o modificación calificada se confirmaría bajo la misma cronología que el caso del Título III del Gobierno de Puerto Rico. Los tenedores de bonos de ADCC recibirán $112 millones en efectivo, incluidas las tarifas de restricción y los costos de consumación, de cuentas asociadas con el impuesto a las habitaciones de hotel que ha sido históricamente asignado por ley del Gobierno de Puerto Rico y de manera condicional a la ADCC. Esto representa una reducción fija de la cantidad de reclamaciones de ADCC en aproximadamente un 75%.
• ACT: La Junta de Supervisión planifica presentar un Plan de Ajuste de ACT para el 31 de enero de 2022, lo cual le permitiría a la ACT salir de la bancarrota en 2022. Con respecto a ACT, los tenedores de bonos recibirán $1,200 millones en bonos recién emitidos y $389 millones en efectivo, incluida la restricción, honorarios y costos de consumación. Esto representa una reducción fija en la cantidad de reclamaciones de ACT en aproximadamente un 70%.
El acuerdo en principio no afecta los pagos máximos anuales del servicio de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, ascendentes a unos 1,150 millones, tal y como se establece en el Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico, ahorrando hasta 3,000 millones cada año en el servicio de la deuda en comparación con los acuerdos contractuales anteriores a PROMESA.
El acuerdo en principio le sigue a un acuerdo finalizado la semana pasada con los bonistas del Sistema de Retiro de Empleados (ERS, en inglés), otro elemento del Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico a través del cual Puerto Rico ahorrará aproximadamente $2,400 millones.
Las negociaciones continúan con los acreedores generales no garantizados y otros titulares de reclamaciones de recuperación (“clawback”).
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