Santo Domingo (República Dominicana).- La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, concedió un plazo de tres meses al Ministerio Público, en lugar de cuatro, para que presente la acusación que posee contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros involucrados en la denominada «Operación Medusa».
De acuerdo con el Ministerio Público, el grupo presuntamente integraba una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Además, la magistrada determinó que todos los implicados en el caso deberán seguir con la medida de coerción de 18 meses de prisión que le impuso el tribunal.
Ramírez de la Cruz justificó el tiempo concedido, que comenzó el 8 de marzo pasado, porque el Ministerio Público no había podido recibir muchos de los documentos solicitados en diferentes instituciones del Estado.
Los imputados son además del exprocurador Rodríguez, Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Además, la ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, que cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica; y Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez, quien fue arrestado en España, el año pasado y se solicitó su entrega a República Dominicana.
Durante la audiencia, el exprocurador Rodríguez reiteró que no ha cometido ninguno de los hechos que le imputan y le expresó a la jueza Ramírez de la Cruz: “Cuál ha sido mi crimen magistrada, ese ha sido mi crimen magistrada tratar de cambiar, eso que usted ve ahí (señala las pantallas donde se proyectaban transformaciones de las cárceles), de esa realidades… Ese es mi crimen, eso es lo que yo he hecho, eso es lo que hizo ese tipo que está ahí, eso fue lo que hicimos por cuatro años, día y noche trabajando”.
El exfuncionario insistió en que la acusación en su contra no se busca hacer justicia, si no más bien cometer actos de “venganza” y que todos “sabían por qué”, y aseveró que “he cometido muchísimos errores, pero no delitos”, al tiempo de lamentar que hoy cumplía nueve meses sin haber cometido “delito, sin pruebas. Sin interrogarme, sin requerirme, sin una llamada”.
De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, declaró al salir del tribunal que la prórroga de tres meses otorgada por la jueza Ramírez de la Cruz para presentar acusación formal contra los implicados en el caso demuestra que el tribunal ha entendido el nivel de complejidad del mismo.
Sostuvo que la magistrada ha entendido el nivel de “complejidad, la amplitud de este caso y la necesidad de que el Ministerio Público cuente con el tiempo suficiente para desarrollar todas las líneas de investigación que tienen pendiente y presentarla en una acusación en un caso blindado”.
La lectura de las motivaciones se llevará a cabo el 22 de abril a las 2:00 de la tarde.
En tanto, la audiencia control del proceso fue fijada para el 9 de junio a las 10:00 de la mañana.
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