Santo Domingo (República Dominicana).- La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dispuso variar de prisión preventiva, a arresto domiciliario a los imputados en el denominado caso coral, que incluye al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) del expresidente de la República Danilo Medina.
La jueza Rivas dispuso prisión domiciliaria para el general Cáceres y el coronel Rafael Núñez de Aza. Además, el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, la colocación de grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.
Mientras a la pastora Rossy Guzmán le estableció arresto domiciliario, impedimento de salida, la colocación de un grillete electrónico y una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una compañía, y a su hijo, el cabo de la Policía Nacional, Tanner Flete, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país y uso de brazalete electrónico.
Madre e hijo estaban encarcelados en los centros de Corrección y rehabilitación de (CCR) Najayo Hombres y Mujeres desde principios de mayo de este año.
Al reaccionar a las decisiones que han favorecido a acusados de sustraer fondos de los contribuyentes en distintas entidades del Estado, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que “este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción”.
Camacho cuestionó la decisión de la jueza Rivas, de disponer el cese de la prisión preventiva para el mayor general Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán, Taner Flete y al coronel Núñez de Aza, imputados en el caso Coral.
“Este tribunal, con la decisión de hoy, pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones, pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y pretende, en consecuencia, que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función. Pero, eso no va a pasar”, argumentó.
Precisó que a pesar de las pretensiones del tribunal con ese tipo de decisión, el Ministerio Público continuará actuando apegado a la ley y con la responsabilidad que lo caracteriza en estos casos.
“Nosotros no vamos a ejercer de manera irresponsable nuestras funciones. Nosotros seguiremos presentando procesos del tamaño de la dinámica delictiva que estamos investigando, no vamos a hacer otra cosa que no sea cumplir con el mandato de la ley”, manifestó Camacho.
Indicó que “el que en nuestros procesos haya violado la ley, se sentará en el banquillo de los acusados, independientemente de estos mensajes que pretenden que el Ministerio Público, repito, ejerza de manera irresponsable sus funciones”.
Argumentó la incoherencia de la decisión de la jueza, al indicar que “el tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad de este caso, pero esa complejidad no sirve para entender que en un caso muy complejo en consecuencia, necesita que el Ministerio Público le dedique tiempo para hacer estas investigaciones”.
Para explicar la complejidad de la labor que realiza el órgano de justicia en estos casos, expuso que para “procesar a 17 empresas, muchas veces el Ministerio Público tiene que depurar cientos de empresas y ese es un tema que simple y llanamente los tribunales de este país no lo entienden, salvo para favorecer a los acusados”.
Camacho, quien estuvo acompañado en audiencia por los fiscales Miguel Collado, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemus y Jonathan Pérez, criticó la protección que se brinda en los tribunales a los imputados por corrupción.
Recordó que a los acusados se les otorgaron 95 días para defenderse de la acusación del Ministerio Público. “Pero ahora el culpable es el Ministerio Público por hacer una investigación amplia y una investigación exhaustiva. Ahora bien, nosotros vamos a seguir con nuestro rol y seguiremos presentando ante los tribunales a todo el que tengamos evidencia de que ha violado la ley”.
Por otra parte, en torno a la decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que ordenó retirar los grilletes electrónicos a Carmen Magalys Medina Sánchez (hermana del expresidente Danilo Medina), Camacho señaló que la prisión domiciliaria que pesa sobre ella permitirá que siga presente en los demás actos del proceso.
Sin embargo, recordó que la imputada Medina Sánchez ha sido una imputada amenazante e insultante al Ministerio Público en los tribunales.
“Esta es la forma en la que se le responde desde el Poder Judicial. En el caso de Magalys Medina, que es una acusada del caso Pulpo, seguirá con su medida de coerción de arresto domiciliario, por ende, nosotros entendemos que esa medida de coerción permitirá que siga presente en los demás actos del proceso”, dijo.
Camacho agregó que “lo curioso es, que a este tipo de imputado, que han tenido comportamientos amenazantes en los tribunales e insultantes contra el Ministerio Público, esta es la forma en la que se le responde del Poder Judicial”.
Los imputados fueron detenidos mediante las denominadas operaciones Coral y Coral 5G, contra quienes el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4.000 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, el entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los imputados de la Operación Coral también figura el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, con medida de coerción de garantía económica de 5 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien cumple prisión domiciliaria.
En tanto que por el Caso Coral 5G, derivada de la Operación Coral, también es procesado el general Juan Carlos Torres Robiou (FARD). En este caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
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