Santo Domingo (República Dominicana).- La Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos han dado pasos firmes para lograr elecciones más transparentes y alineadas con las nuevas demandas sociales y tecnológicas, aseguró este lunes Nikauris Báez Ramírez, abogada especializada en Derecho Público.
Báez Ramírez, experta en temas electorales, en un análisis publicado en su cuenta de Twitter, resaltó el impacto de las 30 resoluciones emitidas por la JCE entre 2023 y 2024.
Señaló que estas resoluciones, muchas de ellas innovadoras o reformuladas de forma sustancial, abarcaron temas clave como el orden en la boleta, el voto penitenciario, la representación proporcional de género, la participación del voto exterior, la fiscalización de la campaña y, de manera especial, la transmisión de resultados mediante el EDET (Equipo de Digitalización, Escaneo y Transmisión de resultados).
Báez Ramírez resaltó que el 27% de las resoluciones abordaron temas completamente nuevos y que al menos el 60% introdujo medidas distintas sobre asuntos que ya habían sido tratados normativamente con anterioridad.
«No se trata solo de emitir resoluciones: es una apuesta consciente por la integridad democrática del país. Este ciclo normativo dota de credibilidad al sistema electoral, proporciona garantías a los actores políticos y genera mayor confianza ciudadana», agregó la especialista en Derecho Público.
Entre los avances más destacados mencionó:
* La creación del cargo de coordinador de recinto y del delegado de partidos como figuras operativas claves.
* La regulación integral de la cadena de custodia electoral.
* Criterios formalmente instituidos para la validación del voto en contextos de alianzas.
* Autorizaciones de acreditación para delegados en el exterior.
* Reglas para el comportamiento de funcionarios públicos en campaña.
* Regulación de tecnología electoral a través del EDET.
Báez Ramírez indicó que este ciclo normativo representa «un antes y un después en la forma de concebir, organizar y supervisar las elecciones en República Dominicana», e instó a que esta dinámica de actualización y rigor normativo se mantenga como estándar en futuros procesos, considerando la creación de un marco normativo reglamentario.
